Según dijo, en el primer semestre del año la USD llevó a cabo un total de 1.436 actuaciones de análisis o verificación de eventos realizados por 67 laboratorios, lo que representa el 96 por ciento del mercado de prescripción.

En 1.319 de estos eventos -el 90 por ciento- no se detectaron incidencias y 80 están todavía en fase de estudio. Asimismo, se desarrollaron un total de 147 acciones preventivas y su actividad dio lugar a ocho denuncias.

Zamarriego señaló que esta mejoría en la autorregulación se debe, fundamentalmente, a dos aspectos: "a una mayor concienciación y adecuación al Código Español de Buenas Prácticas por parte de las compañías y a un incremento de la comunicación de eventos de forma voluntaria".

Destacó como importante novedad la habilitación por parte de la USD de una Intranet que permite a los supervisores internos de las compañías farmacéuticas acceder a los distintos eventos programados y a la calificación que les da esta unidad en función de su adecuación al código.

El director de la USD también se refirió a la actividad que ha llevado a cabo este organismo durante los primeros seis meses de 2006, dedicando "importantes esfuerzos" a difundir el Código de Buenas Prácticas para la Promoción de los Medicamentos.

Otras iniciativas que ha puesto en marcha la unidad son la organización del I Seminario Básico del Código, el lanzamiento del proyecto de Certificado de Buenas Prácticas y la organización y participación en la First Annual IFPMA Compliance Network Conference, entre otros.

LEY DEL MEDICAMENTO

Zamarriego se refirió también a la nueva Ley del Medicamento y aplaudió que, con respecto a la promoción, prohíba expresamente el ofrecimiento directo o indirecto de cualquier tipo de incentivo, por parte de quien tenga intereses directos o indirectos en la producción, fabricación y comercialización de medicamentos, a los profesionales sanitarios implicados en el ciclo de prescripción, dispensación y administración de fármacos.

A su juicio, esta nueva redacción, que pone de manifiesto la "sensibilidad del Gobierno en este aspecto", supone un respaldo al Código Español de Buenas Prácticas, que ya recoge esta prohibición en su texto.