Así lo manifestó a esta agencia el subdirector de Estudios del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) Jesús Ruiz-Huerta, quién ha indicado, además, que "al aprobar sus presupuestos de gastos, las autonomías deben sujetarse a los ingresos que vayan a tener y no recurrir irracionalmente a la deuda".

El nuevo modelo, señaló, deberá asegurar que no existan desequilibrios entre comunidades y que se tienda a la nivelación de los servicios públicos, para lo que habrá que equilibrar la capacidad de gasto entre comunidades, corrigiendo las diferencias que pueden existir entre sus capacidades tributarias.

El informe, que ha sido entregado al Senado y al que ha tenido acceso Servimedia, recoge en este sentido una propuesta para sustituir la cesión del 15% del IRPF por un "impuesto autonómico sobre la renta, de carácter proporcional, y cuyo importe sería deducible del impuesto estatal". A ello se añadiría un tributo regional sobre el consumo, resultado de ceder a las regiones la parte minorista del IVA, y en su caso, de los Impuestos Especiales.

El documento recoge también una apuesta decidida por la desentralización fiscal a partir de 1997, para "salir del diabólico mecanismo de que las autonomías se dediquen a presionar al Estado, que es el que recauda, o se endeuden, para poder cumplir con sus competencias".

DIFICIL DECISION

Sin embargo, esa decisión podría resultar difícil de adoptar por una administración socialista que ha perdido poder tras las elecciones autonómicas.

La mayoría de los expertos temen que la reacción del Gobierno central sea la de negarse a tomar una medida de esta envergdura antes del final de la legislatura, porque sería entregar más poder a las regiones y municipios controlados por el PP.

Frente a este criterio, otros expertos próximos a las tesis del centro-derecha español señalan que, con un nuevo modelo financiero de las comunidades, los socialistas podrían hacer una oposición más dura en todas las autonomías en las que hayan perdido, e instrumentar desde ellas la oposición a un futuro Gobierno central del Partido Popular.

Las propuestas de los expertos delIEF girán en torno a un proceso de igualación de los niveles competenciales, respetando las peculiaridades de las "nacionalidades" históricas.

Así, añaden, se racionalizaría el sistema administrativo del Estado y se evitarían duplicidades y, por tanto, un aumento del gasto público y el déficit, que juega en contra de los objetivos de Maastricht.

Entre los cambios organizativos a los que apunta la reforma, destaca el reforzamiento del Consejo de Política Fiscal y Financiera, otorgando carácter vinulante a algunas de sus decisiones sobre reparto, especialmente las destinadas a aproximar el sistema foral, que ha mejorado los ingresos del País Vasco y Navarra, al modelo financiero definitivo.