TRÁFICO

AUTOMOVILISTAS ADVIERTEN QUE LA "COMPRAVENTA" DE PUNTOS ES ILEGAL Y PUEDE LLEVAR A LA CÁRCEL

MADRID
SERVIMEDIA

Las asociaciones de automovilistas advierten que la compraventa de puntos del carné de conducir es una práctica ilegal "castigada" en el Código Penal con penas de cárcel y piden a Tráfico que intente evitar el fraude.

Así lo advirtió en declaraciones a Servimedia la portavoz del Comisariado Europeo del Automóvil (CEA), Nuria Alonso, quien pidió a la Dirección General de Tráfico que "intente" incrementar el control de las sanciones y hacer un seguimiento de las mismas para evitar el fraude.

Según Alonso, se trataría de "pillar" ciertas contradicciones, como la imposición de multas a personas de avanzada edad que no pueden conducir y, a partir de ahí, detectar el "fraude" de la venta de puntos.

No obstante, explicó que "hoy por hoy, no es posible identificar esta práctica", por tratarse de algo "bastante complicado para lo que no se dispone de suficientes medios".

RACE

Por su parte, el director de Seguridad Vial del RACE, Tomás Santa Cecilia, pidió a la Dirección General de Tráfico (DGT) que combata la compraventa ilegal de puntos detectada en Internet idenficando a los conductores, y no limitándose a sancionar "con fines meramente recaudatorios".

En declaraciones a Servimedia, el responsable del RACE exigió a la DGT que "a la hora de sancionar, identifique al conductor", y que "no se limite a colocar radares en las carreteras con el simple fin de imponer sanciones".

Según Santa Cecilia, esta práctica "ha demostrado que el conductor español tiene una picardía muy hábil y que hay un vacío legal en esta materia".

AEA

También el presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo, aseguró hoy que la compra-venta ilegal de puntos del nuevo permiso de conducir se debe a que la Administración "está incumpliendo cada vez más sus obligaciones por falta de medios".

En declaraciones a Servimedia, Arnaldo criticó que, "en lugar de aumentar la plantilla de la Agrupación de Tráfico, ha intentado lograr productividad con sistemas de denuncia automatizada, a través de radares o videocámaras, trasladando la obligación de identificar al conductor al propietario del automóvil".

"La Administración ha convertido la norma general de parar al infractor e identificarlo en el acto, impuesta en la ley de Seguridad Vial, en una excepción", añadió.

Finalmente, señaló que la atribución de infracciones a personas distintas de las que las han cometido "no es nada nuevo en España, sino que lleva funcionando desde 1990, cuando se introdujo la Ley de Seguridad Vial". No obstante, reconoció que esta práctica ha ido aumentando en los últimos años.

(SERVIMEDIA)
26 Ago 2006
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