Así lo avanzó este miércoles su secretario general, Rubén Sánchez, en una rueda de prensa en la que expuso más de una decena de iniciativas en materia de protección de los derechos de los consumidores que va a remitir a los partidos políticos que concurrirán a las elecciones generales.

En este sentido, Sánchez abogó por “mantener” un Ministerio de Consumo que cuente con “recursos suficientes para ejercer su labor” de desarrollo de políticas de “protección al consumidor y de vigilancia”, con un cuerpo de inspectores “amplio” que permita realizar investigaciones de oficio y “coordinar” las denuncias que lleguen desde las autoridades autonómicas y las asociaciones de consumidores así como la información sobre las “irregularidades detectadas” con el resto de organismos de la administración “con competencias de control y sanción”.

En paralelo, insistió en la necesidad de “intervenir” en los mercados que están “provocando” la subida de los precios de bienes y servicios “para obtener más beneficios”, convencido de que las medidas lanzadas por el actual Ejecutivo para contener la cesta de la compra “se han demostrado ineficaces”.

Por ello, abogó por establecer “precios máximos” y por “hacer públicos los márgenes de beneficio de productores y distribuidores, para que la ciudadanía pudiera conocer quiénes están inflando precios para aumentar sus ganancias”.

REFORMAS

Junto a ello, juzgó “imprescindible” seguir realizando “reformas” en el sector energético para “garantizar” precios “asequibles”, así como “mayor calidad y garantías” a los consumidores y planteó la “intervención” de precios, para lograr que sean “estables, accesibles y transparentes, y poner fin a los abusos tarifarios” así como llevar a cabo “una revisión completa del bono social, para conseguir que sea una auténtica tarifa social”, entre otras medidas.

En cuanto a políticas de vivienda, defendió la “paralización” de los desahucios de familias “vulnerables”, el control de los precios del alquiler y su regulación en aquellas zonas en las que sea necesario y la creación de viviendas sociales, entre otras propuestas.

Por lo que respecta al sector financiero, otro en el que ve “necesaria una regulación”, reclamó la imposición de sanciones “contundentes” ante prácticas “ilícitas” como el cobro de comisiones “abusivas”, tipos de interés “usureros”, gastos “que no corresponden al usuario” o cláusulas “abusivas” en los contratos y llamó a “seguir adelante” con la aprobación de una Ley de Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero.

En paralelo, señaló la necesidad de establecer la “obligación” de que las empresas dispongan de un seguro obligatorio de responsabilidad civil “proporcional a su volumen de negocio” y que “sirva para indemnizar a las víctimas en situaciones de cierre empresarial o daños por el uso de bienes o servicios”, como, a su juicio, han “demostrado” los casos de Magrudis o el cierre de diferentes clínicas odontológicas.

En relación a la seguridad alimentaria, instó a “reforzar” los mecanismos para su control, “revisando” las actuales herramientas de alerta y prevención, convencido de que “debe avanzarse en un mayor grado de transparencia e información” sobre los productos y “sus riesgos”. Además, apostó por “volver a poner en el centro el control por parte de la administración, disminuyendo el papel que en los últimos años ha tenido el autocontrol de las propias empresas”.