AUGC anunció en un comunicado la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la Orden General de 23 de mayo de 2008 e instó al Gobierno a retirarla "por cuanto no mejora" el anterior organigrama y considerar que su desarrollo "vendrá a provocar una deriva de ineficiencia judicial que no hace más que sumarse a las ya existentes".

A su juicio, la redacción de dicho documento es "una apresurada reforma organizativa que no tiene en cuenta a los trabajadores y trabajadoras de este benemérito instituto, con evidente falta de previsión y proyección de futuro, lo que empieza a conocerse como la orden del 'desorden general' de la policía judicial".

Lo más grave para AUGC es que la Orden "cae en la recurrente discriminación por razón de la escala de origen y no en el empleo, capacidad, formación y méritos de cada puesto de trabajo".

La Asociación criticó que "el desorden se observa al regular de forma arbitraria los puestos de los departamentos, donde determinados oficiales se reservan arbitrariamente algunos puestos de alta cualificación técnica sin necesidad de acreditar formación alguna".

Al mismo tiempo, advirtió de que "oficiales facultativos, al ascender en los laboratorios o departamentos técnicos, tendrán que trasladarse a otras unidades o departamentos, como zonas o la unidad central operativa, donde sí podrían ejercer su trabajo aunque no sean de carácter técnico".

AUGC apuntó que "el descontrol es tal que no hay un criterio unificador en cuanto a las labores técnicas, propias de los peritos altamente especializados de la Guardia Civil, y más bien parece que cada negociado ha redactado sus propias normas según conveniencia en un texto lleno de incoherencias, influido por apegos amiguistas de unos pocos de mejorar la organización a costa de otros".

Con todo ello, la Asociación manifestó que se está provocando "no sólo una discriminación injustificada, sino un futuro caótico en los servicios centrales".