Mediante un auto al que ha tenido acceso Servimedia, el tribunal indica que aunque "no existe n dolo específico en cuanto a la falsedad denunciada" por UGT, "no por ello dejan de poder deducirse la existencia de posibles negligencias en la ejecución de la auditoría, que eventualmente podrían llegar a tener trascendencia penal".

Agrega que como consecuencia de esta posible "negligencia" en las auditorías se podría haber desvirtuado el carácter de las mismas, produciendo "un resultado antijurídico y un posible perjuicio a terceros", por lo que considera que "debe agotarse la investigación de ests nuevos hechos".

La investigación que ahora se ordena deberá llevarse a cabo de forma independiente del 'caso Banesto' a través de un procedimiento distinto y "sin paralización ni incidencia" en esa causa, no existiendo, además, la posibilidad de recurrir esta resolución de la Sala de lo Penal que es firme.

Este auto responde al recurso presentado por UGT a través de su abogado Manuel Murillo contra la decisión del juez Manuel García-Castellón, que instruye el 'caso Banesto', de desestimar una qerella presentada por el sindicato socialista el pasado mes de julio contra la firma auditora por falsedad en documento mercantil.

La querella que en su día presentó UGT acusaba a Price Waterhouse de haber ocultado dastos en las auditoría de Banesto correspondientes a los ejercicios 1990, 1991 y 1992.

Según el sindicato, como consecuencia de los informes de la firma auditora que reflejaban una situación saneada, muchos de los empleados de Banesto decidieron endeudarse con créditos que el propio bnco les concedió para comprar acciones de la entidad bancaria, que alcanzó un volumen total de 35.000 millones como valor de compra, y que generó importantes pérdidas con la caída del precio del valor tras la intervención de la entidad.

Como consecuencia de todo ello, los empleados que solicitaron créditos a Banesto cuando su presidente era Mario Conde han debido renegociar en los dos últimos años sus créditos con los nueveos gestores de la entidad.

Por el contrario, el abogado de UGT, Manuel Murllo, ha manifestado que la comprobación de la negligencia de Price Waterhouse en este caso podría dar lugar a indemnizaciones millonarias a favor de los accionistas, en este caso, aquellos empleados que hubieran adquirido acciones.