Los magistrados de la Sección Cuarta, presididos por la jueza Teresa Palacios, establecen que en ningún momento se puede atribuir a Latxaga la comisión de un delito de enaltecimiento del terrorismo ya que este "no formó parte del Pleno que adoptó el acuerdo municipal" que concedió a varias calles de la localidad nombres de etarras, algo que sucedió mucho antes de que fuera designado alcalde.

Por otro lado, el auto de la Sección Cuarta, hecho público hoy, subraya que tampoco se podría perseguir a Latxaga bajo la figura de comisión por omisión -al no haber hecho nada para cambiar el nombre de las calles- ya que este tipo de conducta delictiva no es aplicable al delito de enaltecimiento del terrorismo.

Con esta decisión, la Sala de lo Penal confirma la decisión del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, quien el pasado mes de marzo decidió no admitir a trámite la querella de Dignidad y Justicia.

En concreto, esta asociación denunció al alcalde de Amorebieta por mantener en la localidad una calle que lleva por nombre "Txiki y Otaegui", en referencia a los etarras Juan Paredes Manot, alias "Txiki", y Ángel Otaegi, fusilados el 27 de septiembre de 1975 tras ser condenados por el asesinato de dos policias. En la querella también se señalaba la existencia de una vía con el nombre de "Gudari Kalea", calle del soldado vasco en euskera.

Por último, los magistrados indican a la asociación Dignidad y Justicia que la vía penal no es la más adecuada para lograr lo que pretenden, es decir, la retirada del nombre de las citadas calles, y les aconsejan dirigirse a la vía administrativa para conseguir su propósito.

DISCREPANCIA DE CRITERIO

La decisión y los argumentos expuestos por la Sección Cuarta contrastan fuertemente con lo acordado hace dos semanas por los magistrados de la Sección Tercera de la misma Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El pasado 14 de mayo, la Sección Tercera ordenó al juez Santiago Pedraz reabrir la investigación sobre el alcalde de Arrigorriaga (Vizcaya), Alberto Ruiz de Azúa, también del PNV, quien había sido acusado por Dignidad y Justicia de un delito de enaltecimiento del terrorismo por mantener en su localidad una plaza que lleva el nombre del etarra José Miguel Beñarán, alias "Argala".

En aquella ocasión, los magistrados de la Sección Tercera consideraron que la actitud del alcalde de Arrigorriaga, al mantener la calle con el nombre del etarra "Argala", podría tener "una aparente significación penal", independientemente de que Ruiz de Azúa no formase parte de la corporación municipal que acordó dar el nombre del citado miembro de ETA a la vía pública.

En la misma línea esta actuando el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, quien ha admitido una querella de Dignidad y Justicia contra la alcaldesa de Hernani (Guipúzcoa), Mariam Beitialarrangoitia, de ANV, por mantener en la localidad calles y plazas con nombres de etarra. De hecho, el magistrado a llamado a declarar a la alcaldesa para el próximo 2 de junio por estos hechos.

Además, Grande-Marlaska también ha abierto una investigación en el mismo sentido sobre el alcalde de Zizurkil(Guipúzcoa).

Además, en la Audiencia Nacional están pendientes de admisión a trámite las demanda de Dignidad y Justicia contra los consistorios de Durango, Lejona, Etxebarri (Vizcaya), Tolosa y Etxarri-Aranaz (Navarra), también por tener en sus localidades calles con nombres de etarras.