Los magistrados explican que, si bien la ley no contempla la competencia de la Audiencia Nacional para los delitos de blanqueo de capitales, sí la establece cuando exista conexidad con otros delitos cuya investigación se atribuya a este tribunal, en este caso se trata del delito de narcotráfico.

En este sentido, apunta la resolución que, tal y como expone la Fiscalía Antidroga en su escrito de acusación, en línea con el auto de procesamiento de la juez de instrucción, las operaciones llevadas a cabo por Boye son acciones dirigidas por Prado Bugallo, un conocido narcotraficante, para recuperar un dinero intervenido en el aeropuerto de Barajas el 6 de febrero de 2017.

Unos hechos por los que el Ministerio Público acusa al abogado de un delito de blanqueo de capitales, cometido en el seno de una organización criminal, procedente del narcotráfico, en concurso con un delito continuado de falsificación de documento oficial.

“Por todo ello, una vez fijado el objeto del proceso en los términos expuestos, la conexidad entre los hechos por los que se acusa a Gonzalo Boye Tuset y el eventual delito antecedente contra la salud pública se hace evidente, según el Ministerio Fiscal, y queda atribuida la competencia a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional”, explica el auto, contra el que puede presentarse recurso de casación ante el Tribunal Supremo.