Entre quienes se sientan en el banquillo está el exconseller valenciano del PP y exdelegado del Gobierno en esa comunidad Serafín Castellano, señalado como una de las persoas que influían en la adjudicación de los contratos.

Los procesados de enfrentan a penas de hasta 24 años de prisión por la comisión de los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, alteración continuada de precios en concursos o contratación pública, cohecho, falsedad documental, malversación de caudales públicos, prevaricación, asociación ilícita, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, tráfico de influencias y exacciones ilegales.

La Fiscalía Anticorrupción reclama para Castellano 21 años de prisión por haber favorecido la contratación de un determinado empresario que después le compensaba el favor "en forma de cacerías, monterías, hospedajes, viajes, dinero en metálico y hasta baúles con jamones".

Sin embargo, el Ministerio Público pide la pena más alta, de 24 años de cárcel, para el empresario supuestamente beneficiado, Vicente Huerta, con quien dice que el exconseller mantenía una "intensa y corrupta relación".

Además, se sentarán en el banquillo 30 personas más acusadas de concertarse para alterar la adjudicación de contratos de extinción de incendios con medios aéreos corrompiendo para ello a funcionarios públicos entre los años 1999 y 2018. Los contratos suscritos alcanzaron un importe superior a los 151 millones de euros.

Según Anticorrupción, el sistema se sostenía gracias a una “asociación de personas y empresas" que, "con previos pactos clandestinos y ánimo de lucro, imponían a las administraciones contratantes precios superiores de los que derivarían de la libre y transparente concurrencia".