El tribunal que juzgue el caso estará compuesto por Alfonso Guevara, que hará las veces de presidente, Carlos Ollero, quien será el ponente de la sentencia, y Santiago Pedraz.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide un total de 654 años de prisión para los 42 procesados, 10 de los cuales se encuentran en paradero desconocido, por lo que en el banquillo de los acusados se sentarán 35.

Según consta en el escrito de conclusiones provisionales, el fiscal encargado del caso, Enrique Molina, acusa a los 42 procesados de delitos de integración en banda armada, colaboración con banda terrorista y daños.

La pena máxima solicitada es para Asier Tapia, que se enfrenta a una petición de 112 años de cárcel por integración en organización terrorista, daños e incendios.

El fiscal Molina también pide que Asier Tapia responda de los daños causados como consecuencia del llamamiento a los actos terroristas que realizó el día 6 de marzo de 2001.

Ese día, tras la detención de 15 miembros de Haika, Asier Tapia ofreció una rueda de prensa en la que anunció que los jóvenes vascos iban a salir a la calle "a responder a los responsables y colaboradores de este ataque contra Euskal Herría". El llamamiento fue seguido de múltiples actos de "violencia callejera" en distintos lugares del País Vasco.

Molina señala en su escrito, de 85 páginas, que de dichos daños debe responder solidariamente el patrimonio de Herri Batasuna-Euskal Herritarrok-Batasuna-Sozialista Abertzaleak, "incluyendo el que tiene camuflado bajo la formal apariencia de las Herriko Tabernas" o asociaciones culturales.

En una resolución dictada el 7 mayo de 2003, el encargado de investigar este caso, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, fijó en 593.444,58 euros la responsabilidad civil solidaria de Batasuna respecto a los daños y desperfectos causados por miembros de Haika tras dicha rueda de prensa.

INVESTIGACION CONCLUIDA

Fue el 10 de julio de 2003 cuando Baltasar Garzón decidió concluir la investigación sobre Jarrai-Haika y elevar el caso a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal para que abriera juicio oral contra las personas procesadas en esta causa por pertenencia o por colaboración con banda armada.

Según la investigación de Garzón, está "provisionalmente acreditado" que Jarrai-Haika (después Segi) forman una estructura orgánica en la misma organización terrorista ETA-KAS-EKIN, en la que también se incluyen Xaki y Gestoras Pro Amnistía (posteriormente Askatasuna).

"Todas estas estructuras forman un único conjunto, aunque diversificado, para dar cobertura o abarcar, con pretensiones globalizadoras, a cada uno de los frentes del grupo terrorista (de masas, militar, institucional, informativo...) bajo la dirección de la 'vanguardia armada', representada por ETA, y cumpliendo las órdenes e instrucciones de su 'Comité Directivo' y 'Aparato Político', a través de las estructuras KAS y luego EKIN", dice Garzón en el auto de procesamiento dictado en febrero de 2002.

Para el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, KAS- EKIN "desarrolla el control delegado de las denominadas 'formas de lucha complementaria' de la lucha armada, en las que se incluyen la 'kale borroka'", ejecutada por otras organizaciones como Jarrai-Haika-Gestoras Pro Amnistía.

A su juicio, Jarrai-Haika-Segi, "en cumplimiento de la dependencia y subordinación a ETA-KAS-EKIN, coopera activamente en la obtención de los fines ilícitos del conjunto terrorista, a saber, la quiebra de la unidad territorial de España, la subversión del orden constitucional ñ...í a través del uso y empleo de medios violentos y coactivos dirigidos contra el conjunto de la sociedad, complementando las actividades de ETA".

NIVELES

Para Garzón, ETA tiene tres "formas de lucha", la armada, la institucional y la de masas, para cuyo desarrollo nació KAS- EKIN y que tiene varios niveles: ilegal (y), semilegal (x) y legal.

El nivel legal consiste en convocar manifestaciones, concentraciones y encarteladas; el de tipo "x" desarrolla actividades dentro de la ilegalidad, como son los cortes de carretera, barricadas, sabotajes, cartas amenazantes o llamadas telefónicas injuriosas; mientras que el denominado grupo "y" se caracteriza por sus efectos destructivos.

Garzón considera que la lucha de masas es ejercida también por Haika contra aquellos medios de comunicación que considera no afines.

Además, el magistrado sostiene que ETA se encarga de financiar a Jarrai-Haika y ésta de justificar los gastos a la dirección de la banda terrorista, tal y como demuestran los diversos documentos contables hallados en la cooperativa Sokoa en noviembre de 1986, según la cual dicha organización recibió de la banda 410.000 pesetas mensuales.

Otras formas de financiación de Jarrai son, según Garzón, "txoznas" (bares), "kides" (colaboraciones), cuotas, rifas, venta de materiales e inversiones, si bien no suponen grandes entradas de capital para la organización.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional declaró la ilicitud de Haika el 10 de mayo de 2001 y de su sustituta, Segi, el 5 de febrero de 2002, por considerarla parte de ETA.