La fiscal encargada del caso, Dolores Delgado, acusa a Ibañéz de un delito de asesinato en grado de cooperador necesario con el agravante de de premeditación y pide para él27 años de prisión.

Según sostiene la fiscal Delgado en su escrito de calificación, en la década de los 80 Ibáñez realizaba para ETA labores de información sobre posibles objetivos, daba cobertura a los etarras, prestaba alojamiento y ocultaba el material utilizado por los comandos.

Ibáñez se dedicó fundamentalmente a realizar estas labores de apoyo para el "comando Eibar" de ETA, que comenzó actuar en la zona de Guipúzcoa en 1984. En él estaban integrados los etarras Jesús María Ciganda, Juan Carlos Balerdi y Fermín Urdiain, todos ellos detenidos el 16 de abril de 1989.

Tras la orden de la cúpula de la banda terrorista de atentar contra personas que se dedicaban al tráfico de drogas, Ibáñez señaló como objetio a Francisco Javier Zabaleta, efectuó labores de localización y vigilancia sobre él y, finalmente, facilitó la información a los miembros del "comando Eibar".

Gracias a esta información, los etarras Ciganda, Balerdi y Urdiain, en la noche del 6 de junio de 1988, se desplazaron a la localidad guipuzcoana de Elgoibar y, acercándose por la espalda, asesinaron a Zabaleta de dos disparos en la cabeza.

Tras la detención de los miemhros del comando en abril de 1989, Ibáñez huyó a Francia y, tras recibir de la banda terrorista documentación falsa, viajó a Uruguay, país en el que residió hasta que fue extraditado.