El fiscal encargado del caso, Fernando Burgos, solicita cinco años de prisión para el general Navarro y cuatro años y medio de cárcel para sus subalternos Ramírez y Sáez. Los familiares de las víctimas piden penas de entre tres y seis años de cárcel para los militares.

Todos ellos están acusados de un delito continuado de falsificación en documento oficial por haber faltado a la verdad cuando atribuyeron a 30 víctimas del accidente aéreo una filiación que no era la suya.

Navarro, Ramírez y Sáez fueron los militares que integraron el equipo médico que llevó a cabo la identificación de los cadáveres y que emitió los correspondientes certificados de defunción tras el accidente del Yak-42.

Para el general Navarro, la Fiscalía solicita, además, una multa de 30.000 euros y la inhabilitación especial por un periodo de cinco años, mientras que para Ramírez y Sáez pide una multa de 24.000 euros e inhabilitación de cuatro años.

El accidente del Yak-42 tuvo lugar el 26 de mayo de 2003 en Trebisonda (Turquía) y en él murieron 62 militares españoles que regresaban a España tras cuatro meses y medio destinados en Afganistán, así como doce tripulantes ucranianos y un ciudadano bielorruso. Fue la mayor tragedia militar de la historia de España en tiempos de paz.

SESIONES DE MAÑANA Y TARDE

El primer juicio penal por la catástrofe del Yak-42 arranca hoy con el interrogatorio de los acusados y está previsto que se extienda, en sesiones de mañana y tarde, hasta el 3 de abril.

Del miércoles al vienes se tomará declaración a los testigos, al menos trece. Hace dos semanas, el tribunal rechazó que en el juicio comparezcan como testigos el ex presidente del Gobierno José María Aznar y de los ex ministros de Defensa Federico Trillo y José Bono, tal y como habían solicitado varios de los familiares.

En cambio, sí que declararán el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (jemad) Félix Sanz Roldán -que accedió al cargo después del accidente-, y el teniente general José Antonio Beltrán, entre otros.

Entre el 30 y el 31 de marzo se practicarán las pruebas periciales y el resto de días, hasta el 3 de abril, se llevarán a cabo las pruebas documentales, así como los informes de las partes.

Será la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el órgano encargado de celebrar el juicio, con el magistrado Javier Goméz Bermúdez como presidente y ponente y con Manuela Fernández de Prado y Nicolás Poveda completando el tribunal.

IDENTIFICACIONES INVENTADAS

Según el relato de los hechos realizado por el fiscal Burgos, tras el accidente las autoridades turcas dispusieron la recogida de los cadáveres y su introducción en bolsas individualizadas y numeradas, que fueron depositadas en una instalación frigorífica cercana a Trebisonda.

Hasta el lugar se desplazaron Navarro, Ramírez y Sáez, comisionados por el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, para la identificación y repatriación de los cadáveres.

Tras el examen de las bolsas, que se efectuó conjuntamente con médicos forenses turcos, los tres militares españoles se cercionaron de las causas de la muerte de las víctimas del accidente y "llegaron a la razonable certeza de la identidad de 32 cadáveres por los signos externos no destruidos o quemados".

En el acto de entrega de las bolsas por parte de las autoridades turcas, realizada dos días después del accidente, se hizo constar que 30 de las víctimas no habían podido ser identificadas.

"Inmediatamente después de la firma del documento de transferencia, sin ningún dato revelador de la identidad de los restos humanos contenidos en las bolsas, el general Navarro asignó identificaciones a cada una de ellas", señala el escrito del fiscal Burgos.

El representante del Ministerio Público subraya que en este proceso "se elaboró una lista en la que se hacía constar la identidad correspondiente a todos y cada uno de los cadáveres recibidos en sus respectivos recipientes", realizando así "una ficción".

Con estos datos se dio nombre a los 62 féretros en que se introdujeron los cadáveres, que fueron transportados el 28 de mayo a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid). En este aeropuerto, los acusados Ramírez y Sáez realizaron un informe de necropsia de cada uno de los fallecidos, asignando a cada cadáver una identidad en base a la relación "sin base alguna" realizada por el general Navarro.

Estos informes sirvieron de base para que el acusado Navarro elaborara 62 certificados médicos de defunción "haciendo constar en todos ellos que la identidad se había acreditado mediante identificación individual y tras haberse realizado la autopsia".

Los errores en la identificación de los cadáveres del accidente aéreo provocaron que fueran entregados a muchos de los familiares de las víctimas restos que no eran los de sus seres queridos. Esto tuvo como consecuencia que se enterrara o incinerara a personas que no eran los familiares que se creía.

El fiscal Burgos considera que esta circunstancia provocó un "gran daño moral" a los familiares de las víctimas, por lo que pide que los tres acusados indemnicen con 25.000 euros a cada uno de los cónyuges, padres e hijos de los 30 fallecidos que fueron erróneamente identificados.

Ante la indemnización solicitada, que en total alcanzará una suma astronómica, el fiscal solicitó que se considere al Estado responsable civil subsidiario por los errores en la identificación de cadáveres cometidos por los tres militares.