Los componentes del Pleno decidieron, por 14 votos a favor y 3 en contra, dar la razón al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, en el incidente de competencia que presentó contra la investigación de Garzón.

Los magistrados consideran que la Audiencia Nacional no es competente para investigar estos crímenes porque la figura del delito contra Altos Organismo de la Nación con el que Garzón conectó los fusilamientos de los responsables de la Segunda República a manos del ejército de Franco no existía en el ordenamiento jurídico cuando se produjeron los hechos.

Es decir, entienden que la Audiencia Nacional no es competente por el precepto legal que estipula que un delito no se puede aplicar retroactivamente y no porque los responsables del franquismo a los que Garzón imputó los crímenes contra la humanidad hayan fallecido, tal y como defendió el magistrado.

Aún así, en la práctica, esta decisión no paraliza las investigaciones que puedan llevar a cabo los juzgados territoriales en cuyas manos Garzón dejó la apertura de fosas y la exhumación de los fusilados al inhibirse de la causa el pasado 18 de noviembre.

En este sentido, fuentes próximas al Pleno puntualizaron que la decisión adoptada hoy se circunscribe únicamente a la competencia objetiva de la Audiencia Nacional para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo y no afecta a los juzgados territoriales.

Por lo tanto, los juzgados ordinarios de las localidades en las que existan fosas comunes tendrán autonomía para decidir si ordenan la exhumación de las víctimas de la Guerra Civil o rechazan abrir diligencias al respecto.

La decisión del Pleno, adoptada en una reunión de más de cuatro horas en la que estuvieron presentes todos los magistrados de la Sala de lo Penal menos el juez Guillermo Ruíz Polanco, no admite recurso, ni siquiera ante el Tribunal Supremo.

Los tres magistrados que votaron en contra fueron Clara Bayarri, José Ricardo de Prada y Ramón Sáez Valcarce, quienes emitirán votos discrepantes. Además, otros dos magistrados, que votaron con la mayoría, dictarán un voto concurrente en el que introducirá matices a la decisión del Pleno.

Además, los magistrados han rechazado los recursos de súplica presentados por la asociaciones para la recuperación de la memoria histórica contra la paralización de la apertura de fosas acordada por Garzón, ordenada por el propio Pleno de la Sala de lo Penal el pasado 7 de noviembre.

Las fuentes consultadas explicaron que la semana que viene, probablemente el miércoles, se hará público el auto con los argumentos que justifican la decisión adoptada hoy, una resolución que será redactada por el propio presidente de la Sala de lo Penal, el juez Javier Gómez Bermúdez.

INHIBICIÓN DE GARZÓN

Esta deliberación se produjo a pesar de que el pasado 18 de noviembre el juez Garzón decidió inhibirse y dejar su investigación sobre los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo en manos de los juzgados de las localidades en las que haya fosas comunes.

Esto se debe a que los recursos presentados contra la causa abierta por Garzón seguían vigentes y, por lo tanto, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tenía que pronunciarse sobre ellos.

Por otro lado, los magistrados del Pleno decidieron no entrar a debatir la demanda presentada por Carmen Negrín Fetter, nieta de Juan Negrín (último presidente de la Segunda República), contra los diez magistrados de este órgano que votaron a favor de paralizar la apertura de fosas de la Guerra Civil.

La nieta de Negrín presentó una demanda de abstención contra los magistrados de la Sala de lo Penal que votaron a favor de esta paralización -diez de los quince que acudieron al Pleno-, en la que solicitaba que estos jueces se apartasen del conocimiento de este procedimiento y, en concreto, de la resolución del recurso presentado por la Fiscalía contra la investigación de Garzón.

Las fuentes consultadas señalaron que los magistrados ni siquieran entraron a debatir el recurso interpuesto por Negrín Fetter y decidieron devolver la demanda, ya que no existe base jurídica para que la nieta del último presidente de la Segunda República solicitase la abstención de los miembros del Pleno.