En el encuentro, los 19 magistrados que componen el Pleno de la Sala de lo Penal intentan fijar una doctrina que acabe con la disparidad de criterios aplicados por los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional ante las denuncias por enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas interpuestas contra varios alcaldes.

La reunión mantenida ayer, que duró algo más de hora y media, tan sólo sirvió para que el presidente de la Sala de lo Penal, el juez Javier Gómez Bermúdez, ponente de la causa, diese a conocer a sus colegas sus tesis y se perfilase el marco jurídico en el que se va a desarrollar la deliberación de hoy.

Durante los últimos meses, los distintos jueces de instrucción de la Audiencia Nacional han tenido que estudiar las denuncias interpuestas contra alcaldes, principalmente por la asociación Dignidad y Justicia, y se han pronunciado de forma dispar y, en algunos casos, contradictoria.

Por ejemplo, mientras el juez Fernando Grande-Marlaska ha admitido a trámite varias denuncias e incluso ha llamado a declarar a varios alcaldes, su colega Santiago Pedraz ha archivado todas las querellas que le han tocado por reparto.

A la hora de archivar las querellas, Pedraz sostuvo que no se puede perseguir a los actuales alcaldes de los municipios con calles de etarras porque no fueron ellos lo que decidieron poner los nombres de miembros de ETA a las vías públicas - muchas veces se trata de acuerdos con más de 30 años de antigüedad-, y recomendaba a los querellantes acudir a la vía contencioso-administrativa.

ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO

En contra de este criterio, Grande-Marlaska considera que el simple hecho de mantener las calles con nombres de etarras, independientemente de cuándo se tomó la decisión, puede ser constitutivo de un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas.

Ante estas discrepancias, el Pleno de la Sala de lo Penal aprovecha ahora el estudio de un recurso contra el archivo de una de estas denuncias para unificar criterios.

En concreto, los magistrados analizan el recurso presentado por Dignidad y Justicia contra la decisión del juez Pedraz de archivar la querella interpuesta contra el alcalde de Lejona (Vizcaya), Eneko Arruabarrena, del PNV, acusado de mantener en la localidad unas calles dedicadas a los etarras Eustaquio Mendizabal, alias "Txikia", y los hermanos Txabi y Joseba Etxebarrieta.

En total, Dignidad y Justicia se ha querellado contra diez alcaldes, en concreto contra los de las localidades vizcaínas de Lejona, Durango, Arrigorriaga, Amorebieta y Etxebarri, los de los ayuntamientos guipuzcoanos de Zizurkil, Hernani y Tolosa, y contra el gobierno de la localidad navarra de Etxarri-Aranaz.

De esta querellas, la presentada contra el consistorio de Hernani fue admitida a trámite por Grande-Marlaska, quien, después de llamar a declarar a su alcaldesa, Mariam Beitialarrangoitia, de ANV, ordenó cautelarmente la retirada de todas las placas y monolitos dedicados a etarras en la localidad.

Por otro lado, después de que la Sala de lo Penal le ordenara admitir a trámite la querella presentada contra el Ayuntamiento de Arrigorriaga, el juez Pedraz decidió llamar a declarar al alcalde de la localidad, Alberto Ruiz de Azúa, del PNV.

Además, el juez Pablo Ruz -que suple temporalmente la vacante dejada por el magistrado Juan del Olmo al frente del Juzgado Central de Instrucción número 6- admitió a trámite la querella presentada contra el consistorio de Zizurkil, aunque la causa quedó vacía de contenido después de que el Ayuntamiento decidiera de "motu proprio" eliminar todas las referencias a miembros de ETA de sus calles.

Las querellas que han sido rechazadas son las presentadas contra los ayuntamientos de Amorebieta (por el juez Ismael Moreno), Lejona (Pedraz) y Etxebarri (Fernando Andreu), si bien estas dos últimas se encuentran recurridas ante la Sala de lo Penal.

Los jueces de instrucción todavía no se han pronunciado sobre las querellas contra los consistorios de Tolosa, Durango y Etxarri Aranaz.