Con el auto hecho público hoy, los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, presididos por el juez Alfonso Guevara, desestiman el recurso que contra la decisión de Andreu interpusieron los abogados de Moto.

Moto fue arrestado en la noche del pasado 14 de abril en Fuensalida (Toledo) por su presunta vinculación -revelada a través de escuchas telefónicas- con una red que se dedicaba al tráfico ilegal de armas de guerra, que eran supuestamente introducidas en Guinea Ecuatorial para preparar un golpe de Estado contra el actual presidente del país, Teodoro Obiang.

Su detención se produjo después de que el 5 de marzo la Policía Nacional se incautase en el puerto de Sagunto (Valencia) de varias armas de guerra escondidas en el maletero de un coche conducido por el hombre de confianza y jefe de seguridad de Moto, Damián Motu Ngema, que fue arrestado.

El pasado 16 de abril, el juez Andreu imputó a Moto un delito de tráfico de armas y decretó su ingreso en prisión provisional atendiendo a los riesgos de fuga y de obstrucción de la justicia existentes.

En su recurso, los abogados de Moto consideraban que los informes policiales que propiciaron la detención de su clientese valían de "un creativo análisis de las conversaciones telefónicas" intervenidas para imputar al opositor guineano.

Además, calificaban de "absurda" la pretensión de que las armas de asalto intervenidas en el puerto de Sagunto -dos fusiles de asalto y una pistola- pudieran servir para realizar una operación contra un régimen como el de Obiang, "que cuenta con cuerpo y armamento militar".

Por último, los letrados aseguraban que no existe riesgo de que su cliente se fugue debido a que Moto tiene condición de asilado en España.

Pero los magistrados consideran que "las circunstancias personales, familiares y sociales" argumentadas por la defensa de Moto no pueden prevalecer "sobre los datos de la intrucción", que revelaron la presunta implicación del opositor guineano en "un ilícito penal de depósito de armas no autorizado".