Atienza tratará de convencer a sus colegas comunitarios los días 19 y 20 de este mes, en el próximo Consejo de Ministros, de que la propuesta de reforma de la OCM (Organización Común de Mercado) del vino debe contemplar el arranque de viñedos como una medida complementaria y de carácter voluntario.

El ministro, tras reunirse con los representantes de la Mesa para la Defensa del Vino y la Viña, que engloba a las organizaciones y cooperativas agrarias, reconoció que de aplicarse eta propuesta España tendría que arrancar casi 300.000 hectáreas de viñedo.

Asimismo, descalificó uno a uno la gran mayoría de los aspectos de esta propuesta. Dijo que es "discriminatoria" respecto a otros sectores anteriormente reformados (leche o cereales) porque en esta ocasión parte de los excedentes tendrán que ser asumidos por las economías nacionales en vez de por la UE y también que incentiva las reformas más traumáticas al ser estas abonadas en su totalidad por la Comunidad.

Atienza consieró también que la propuesta de la Comisión es "insolidaria en el marco europeo", porque perjudica a los países mediterráneos, al permitir la 'chaptalización', es decir, que se agregue azúcar al vino para aumentar su grado alcohólico.

En este sentido, explicó que la producción de vino del sur de Europa es menor en cantidad que la del norte, pero contiene un mayor grado alcólico. Al aprobar la 'chaptalización', práctica habitual en Centroeuropa, se prima una mayor producción, mientras se intenta recortr para los países mediterráneos.

El ministro dijo estar "satisfecho" tras su reunión de hoy, que duró escasamente una hora, ya que los planteamientos de la Administración y del sector agrícola han coincidido plenamente.

RESPUESTA A ONDARROA

Por otro lado, respecto a la petición de la Cofradía de Ondárroa (Vizcaya) de una reunión con el ministro la próxima semana para tratar el tema del pesquero detenido en Francia, Atienza rechazó esta propuesta por problemas de agenda, pero aseguró que siemprehabrá alguien de la Administración pesquera dispuesto a recibirles.

Atienza también negó la posibilidad de que el Estado pague la multa del pesquero detenido en el país vecino, aunque sí dijo que podrían realizarse acciones de mediación.