Así lo atestiguan los informes policiales elaborados en torno al atentado, ninguno de los cuales permite confirmar que fuera obra de la banda terrorista ETA, de los Grapo, de personas procedentes del narcotráfico o, incluso, iniciativa de grupos de ultraderecha, como se ha señalado desde diversos sectores.

Si bien todo hace indicar que la agresión sufridapor el magistrado Jiménez Alfaro sería responsabilidad de la organización etarra, desde Interior se insiste en la falta de indicios claros que permitan aseverar tal extremo, por lo que se ha decidido esperar a que se produzca una reivindicación formal.