Así se desprende del estudio ‘Acceso a las cuentas básicas, propuestas de mejora’ presentado hoy por la responsable de políticas públicas de la asociación, María Molina, en la jornada ‘Materializando el derecho a la inclusión financiera de las personas migrantes y refugiadas’.

Con este acto, hasta once organizaciones de la sociedad civil y asociaciones de consumidores (Andalucía Acoge, Asociación Rumiñahui, Asufin, CEAR, CECU, Convive-Fundación Cepaim, Fundación APIP-ACAM, Fundación Isadora Duncan, MPDL, Provivienda, Red Acoge) quieren hacer visible la problemática de la cuenta básica entre los colectivos más vulnerables.

En concreto, el estudio identifica que uno de los principales problemas reside, precisamente, en la normativa y cita como ejemplo la referida a prevención de blanqueo de capitales, que es “uno de los principales motivos que la industria bancaria alega frente al derecho a la apertura y mantenimiento de la cuenta de pago básica”. El cumplimiento de la misma lleva al cierre de muchas cuentas, según Asufin, con lo que la norma “colisiona” con un “derecho básico”.

Frente a esta situación, la asociación insistió en que las entidades apliquen estas exigencias “de manera flexible y razonable en función del perfil de riesgo”, y que atiendan al criterio del Banco de España, en su memoria de reclamaciones de 2021, al pedir “un juicio de proporcionalidad en el que se ponderen los diferentes intereses en juego”.

Otro ”freno” para estas cuentas es la burocracia exigida a migrantes y refugiados y que “a menudo hace imposible la apertura de una cuenta bancaria”, con lo que Asufin propone que “se permita a las entidades sin ánimo de lucro que forman parte del Sistema Nacional de acogida solicitantes y beneficiarios de protección internacional, así como a otras entidades del Tercer Sector a emitir certificados de riesgo de exclusión financiera” para contribuir a la agilización en la apertura de estas cuentas.

Respecto a la “mala praxis” detectada por la asociación, “las entidades tendrían que reportar periódicamente por escrito las solicitudes de denegación de la cuenta de pago básica” e “incorporar la posibilidad de solicitar por escrito la apertura de una cuenta de pago básica, obligando a la entidad a entregar copia sellada al solicitante”.

Por otro lado, Asufin destacó que se produce un “grave incumplimiento” por parte de las entidades cuando aparecen casos en que se obliga al cliente a contratar algún producto vinculado a la apertura de la cuenta básica, lo que supone una “vulneración directa de la norma que difícilmente puede justificarse por desconocimiento de la red”. Aunque son casos “aislados”, el estudio también advierte de que “es difícil dimensionar el problema” porque no queda constancia de que el cliente se niegue a abrirse la cuenta por ese motivo.

Asufin reclamó a las entidades que refuercen su conocimiento de la ley para “eliminar, minimizar y perseguir las malas prácticas”.