En concreto, a través de un escrito presentado hoy en la Audiencia Nacional, la asociación pide al magistrado que, anteel "riesgo de muerte inminente" de muchas de estas personas, alguna de las cuales supera los 100 años de edad, se les tome testimonio y se les practiquen pruebas de ADN para poder averiguar el destino de sus parientes -en algunos casos sus propios hijos- que fueron sustraídos por el bando franquista durante la Guerra Civil y los primeros años de la posguerra.

Los denunciantes decidieron dirigirse al juez Garzón a pesar de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estableció el pasado 2 de diciembre la falta decompetencia de este magistrado para instruir sobre las muertes y desapariciones producidas durante la Guerra Civil y el franquismo.

Entre las personas a las que se solicita que se practiquen las pruebas de ADN para poder encontrar a sus parientes destaca el caso de Agustina Gómez, de 100 años de edad, y "en estado crítico de salud", según la asociación, y a quien en la maternidad de la calle Serrano de Madrid le fue robado un hijo al nacer en 1945.

También se pide a Garzón que tome testimonio a Trinidad Gallego, de 95 años de edad, quien, matrona de profesión, asistió en el parto a muchas mujeres que como ella se encontraban presas durante los primeros años de la dictadura de Franco. Esta persona asegura haber sido testigo del "robo" de varios de los recién nacidos.

PRUEBAS DOCUMENTALES

Además, el escrito de la asociación indica a Garzón que, a la luz de la experiencia de la mayoría de personas que fueron sustraídos durante el franquismo a sus padres naturales y que han realizado búsquedas para encontrar a sus verdaderos progenitores, la mejor base documental a la que recurrir es el Consejo Superior de Protección de Menores, dependiente del Ministerio de Justicia.

La asociación señala que en este archivo se encuentran "las circunstancias concretas de los niños tomados en guerra o posguerra, sus nombre originarios, sus padres biológicos y los destinatarios de adopciones irregulares".

El pasado 26 de diciembre, Garzón remitió la investigación sobre "niños perdidos del franquismo" a siete Juzgados decanos de España, en concreto a los situados en Barcelona, Burgos, Valencia, Vizcaya, Madrid, Málaga y Zaragoza.

En el auto, el magistrado indicaba que la "sustracción sistemática de niños" de padres que eran considerados "no aptos para asumir su cuidado y protección" por su ideología, constituye un crimen contra la humanidad que no está prescrito ni amnistiado ya que las víctimas podrían estar vivas.

Según los datos que obran en el sumario, la cifra de niños y niñas, hijos de presas y tutelados por el Estado, alcanzó entre 1944 y 1955 casi 31.000, según la información que el Patronato Central de Nuestra Señora de la Merced para la Redención de Penas.