Según pudo saber Servimedia, algunas organizaciones judiciales reconocen que su credibilidad ante los ciudadanos merma cuando existen dudas sobre la independencia de los jueces con respecto al poder político.

El escenario actual pone de manifiesto la necesidad de un Código Ético que, además del reglamento de la carrera judicial, regule las actuaciones del juez en la esfera privada, según los defensores de esta norma.

De existir este código ético en España, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón no podría instruir el caso "Gürtel", trama de corrupción que afecta a miembros del PP, habiendo sido él candidato en las listas del PSOE.

Tampoco sería "ética" la actuación del vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, que fue consejero de la Generalitat Valenciana con el actual presidente del PP, Francisco Camps, a quien se ha vinculado con la citada trama de corrupción.

No obstante, los defensores de la norma aclaran que el paso por la política de estos jueces no quiere decir que no sean imparciales en su trabajo como juzgadores o gestores, pero la "estética" es muy importante. "Los ciudadanos ven lo que les muestran, y la apariencia es su garantía. No sólo hay que ser, también parecer", señalan los defensores del código ético.

IMPARCIALIDAD

En el I Congreso Ibérico del Poder Judicial, celebrado a finales de enero en Lisboa, ya se habló de la iniciativa de aprobar un Código Ético para los jueces españoles.

Quince países iberoamericanos ya se han adherido al Código Iberoamericano de Ética Judicial para sancionar las conductas de los jueces dentro de su esfera privada.

Este reglamento, de acuerdo con las fuentes consultadas, incluiría que los jueces no pudieran participar en política: presentarse en las listas electorales de una formación, ocupar un puesto de responsabilidad institucional en gobiernos de uno u otro signo, o hacer campaña por unas siglas, entre otras prácticas.

El Código Iberoamericano de Ética Judicial, al que apuntan los jueces españoles cómo esqueleto de uno propio, dice que "el juez, con sus actitudes y comportamientos, debe poner de manifiesto que no recibe influencias de ningún otro poder público o privado, bien sea externo o interno al orden judicial".

También señala que "la independencia judicial implica que al juez le está éticamente vedado participar de cualquier manera en actividad política partidaria".

De acuerdo con esta norma, al juez está obligado abstenerse de intervenir en causas en las que se vea comprometida su imparcialidad o que un "observador razonable" pueda entender que hay motivo para pensar así.

Con estas normas se evitarían "suspicacias" y "recelos" y los jueces estarían mejor valorados por los ciudadanos, aseguran los defensores de la norma, que dicen que se impondría cierto plus de "probidad", "credibilidad" y "honorabilidad" a la carrera.