En un informe elaborado por la Unión Progresista de Fiscales (UPF) sobre la situación actual del ministerio público, la asociación recalca la mala imagen que la sociedad se está formando de la institución con el "caso Filesa" o con el archivo de las investgaciones abiertas por la Fiscalía de Barcelona sobre la supuesta concesión irregular de avales en la que se vieron involucrados seis consejeros de la Generalitat de Cataluña.

Por su parte, la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) insistió hoy a través de un comunicado en que el máximo representante de este organismo no puede tener "unos antecedentes partidistas tan legítimos como acusados" como los del actual fiscal general, al que pide que "ponga coto a esta situación".

La asociación no valorael papel de la Fiscalía en el "caso Filesa", pero considera que no puede exigirse a la sociedad "que no recele de su actuación" con los "antecedentes" de Hernández, las "fundadas dudas" sobre la legalidad de su nombramiento o sus manifestaciones sobre la necesidad de defender el honor de los políticos.

Además, reprocha al fiscal que haya efectuado nombramientos para los más importantes cargos del ministerio público desoyendo a los órganos consultivos y con criterios "de amistad y confianza personal y olítica".

Critica también el hecho de que su gestión sea "desmesuradamente alabada" por el mismo Gobierno que le nombró y advierte acerca de lo que acontecería si cambia el signo político del Ejecutivo y pasa a ser parte de la oposición.

"No puede ni debe tolerarse, no ya una inadecuada actuación, sino ni siquiera una mínima sombra de sospecha sobre la institución encargada de la defensa de la independencia de los jueces y tribunales", afirman para instar a Hernández a que afronte sus responsabildades y termine con las sospechas que recaen sobre este organismo.