Esta conclusión resume la tercera sesión plenaria del II Congreso Nacional de Universidad y Discapacidad, que hoy se clausura en la Universidad Complutende se Madrid, y en la cual participaron representantes del CERMI, la Fundación CNSE, la ONCE, la Federación Española de Síndrome de Down, Cocemfe, Feafes y Feaps, además de representantes de alumnos discapacitados y profesores universitarios.

"El EEES", explicó el profesor universitario y asesor de la ONCE, Ismael Martínez-Liébana, "es una apuesta por la normalización y la integración, pero no hay que olvidar que se tienen que revisar algunas titulaciones para evitar la discriminación de los ciegos en carreras como Medicina, Farmacia o algunas ingenierías".

Además, los ponentes se negaron a "aceptar estereotipos" en la Universidad, ya sea por parte del alumnado como del profesorado y abogaron "por una apertura de miras desde los ámbitos sociales, culturales y académicos".

PERSONAS SORDAS EN LA UNIVERSIDAD

Emilio Ferreiro, director de Recursos de la Comunidad Sorda "Juan Luis Marroquín", denunció que el nivel de acceso de las personas con discapacidad auditiva a estudios universitarios es "muy bajo", porque sólo "tres de cada 100 estudiantes universitarios con discapacidad son sordos", lo que aleja a España de las cifras de los países nórdicos que sitúan este índice en el 21 por ciento.

"Ojalá algún día lleguemos a alcanzar las cifras nórdicas", dijo Ferreiro, "porque a pesar del esfuerzo económico que supone el acceso de las personas sordas a la Universidad, no estamos hablando de dinero, sino de un derecho, de igualdad de oportunidades". "Un alumno que necesita seguir las clases con un intérprete de lengua de signos no es menos que un oyente", matizó.

Además, explicó que "la realidad de las personas sordas en la Universidad es muy heterogénea, puesto que no todos tienen las mismas necesidades ni los mismos intereses".

Por ello, Ferreiro apostó por incluir la accesibilidad como indicador de prestigio en la valoración de las universidades, "independientemente de que el discapacitado sea alumno o profesor". "La atención a los discapacitados en la Universidad no debería depender de la buena voluntad de los profesores o de la Administración", concluyó.