En un comunicado, la asociación sale al paso de las afirmaciones del presidente Jordi Pujol, que aseguró que la actitud de la fiscalía responde "a una voluntad de presión, además de iniciar una campaña de desprestigio" que busca "el desgaste político".

Ante estas palabras, la UPF manifiestasu rechazo a "cualquier tipo de descalificación partidista que trate de poner en duda la honestidad personal e institucional de una fiscalía cuya seriedad y buen funcionamiento está sobradamente acreditada".

La fiscalía de Cataluña remitió un informe al fiscal general del Estado para que presente una querella en el Tribunal Supremo contra 6 consejeros catalanes por malversar caudales públicos a travésde la concesión de avales a empresas pirvadas entre 1981 y 1986 por valor de 1.800 millones de pesetas