Lo hizo después de que el dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, aprobado por el Congreso, señalara en su apartado 47.2 la necesidad de Tomar medidas para dicha financiación pública de la formación continuada de los profesionales sanitarios a cargo de las administraciones públicas; así como para investigación independiente, divulgación y educación sanitaria y patrocinio de actividades de asociaciones de pacientes; al tiempo que prohíbe que dicha financiación sea aportada por la industria.

Para la Fadsp, la FMC y la recertificación deben de ser tareas de las administraciones públicas (Ministerio de Sanidad y de Universidades) que son las garantes de la cualificación de los profesionales titulados, al tiempo que se debe asegurar su independencia de los intereses económicos de las empresas de aseguramiento y provisión privada, y la industria farmacéutica y tecnológica, “porque es una pieza clave para garantizar la calidad de la formación y del reconocimiento de la cualificación profesional”.

“Entendemos por lo tanto que la delegación de estas funciones en otras entidades, que además frecuentemente están penetradas por conflictos de interés, no debe producirse, y también que debería de realizarse una regulación de los conflictos de interés en el sistema sanitario, lo que ya hemos propugnado desde la FADSP y no puede postergarse más” concluyeron.