Además de éstas, podrán ejercer ese derecho los organismos oficiales relacionados con el consumo, es decir el Instituto Nacional de Consumo y sus homólogos de las comunidades autónomas y ayuntamientos. También podrán hacer uso de la acción colectiva de cesación asociaciones y organismos de otros países de la Unión Europea.

Con el fin de garantizar la eficacia y la rapidez de los procedimientos judiciales, éstos se tramitarán por juicio verbal. Además, se exceptúa de estos procesos la bligación de efectuar llamamientos a perjudicados individuales y se introduce un sistema de multas coercitivas que garanticen la efectividad de la acción de cesación.

La acción de cesación, recogida en la primera de las tres Directivas que se trasladan al Derecho español, supone la reforma de siete artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de nueve leyes sustantivas.