Así, las entidades pidieron que con de esta ratificación del convenio especial se incorporen las alegaciones que presentaron y, especialmente, cubrir solo la cuota de cotización que corresponde a la persona trabajadora.

Además, reclamaron que “se legisle un mecanismo de reconocimiento de todo el tiempo trabajado con becas de investigación anterior a la entrada en vigor de la Ley de la Ciencia de 2011, sin el límite arbitrario de cinco años, y que, de manera análoga a como se hizo con otros colectivos, no dependa de la suscripción de un convenio especial”.

Este mecanismo “debe reconocer dicho tiempo no solo a efectos de la Seguridad Social, sino también de cara a otros aspectos esenciales de la carrera profesional, por ejemplo, en términos de antigüedad o evaluación de méritos investigadores y docentes, así como en otros criterios de evaluación para personal funcionario, estatutario y laboral”, dijeron desde las organizaciones.

Al mismo tiempo, pidieron que se abra un diálogo con las sociedades científicas y colegios profesionales para “escuchar las demandas y establecer normas que den soluciones eficaces”.