De las reivindicaciones principales planteadas ante el Ministerio por los científicos en su última reunión con el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez Corujo, el Ministerio solo anunció que considerará la base de cotización que correspondía en su momento y no la del año 2024, lo cual el colectivo dijo que es “esencial” y lo calificaron de “positivo”.

Para las sociedades científicas es algo “irrenunciable” que el empleado asuma solamente sus propios costes y no, como pretende el Ministerio, también los del empleador. “No es justo que pretendan cargar sobre los hombros de los investigadores también los costes del empleador”, afirmaron los científicos.

De la misma manera, las sociedades siguen reclamando “recuperar los derechos laborales de todo el período trabajado con becas de investigación que no cotizaban a la Seguridad Social”.

Así, expresaron que “es importante que no se establezcan diferencias: en una primera fase, al menos, 5+2 años en una para los que se acogieron al convenio antes del 2011 y 7 para los demás”.

El anuncio del Ministerio recoge las condiciones planteadas en 2011 y en diciembre de 2023, unas condiciones a las que estos colectivos ya plantearon alegaciones.

“Han pasado muchos años y se han realizado muchas sugerencias. Es momento de escuchar a los científicos y que atiendan a las reivindicaciones de todo el colectivo. Esperamos que el Ministerio continúe el diálogo con las asociaciones para concretar los detalles de la rectificación de la Orden”, señalaron las organizaciones.

Además, desde las sociedades de ciencia afirmaron que “esperamos, en concreto, que los sindicatos y los representantes de la patronal entiendan como justas las peticiones del colectivo investigador, tan necesario para la sociedad, y en situación de precariedad histórica en cuanto a presupuestos y condiciones de desarrollo profesional”.

También, estas entidades trasladaron sus peticiones al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y al Ministerio de Sanidad, “para que sean conocedores de cómo esta medida impuesta por el Ministerio de Inclusión afecta a profesionales que iniciaron su carrera profesional con becas precarias”, concluyeron las sociedades.