Juan Ramón Martín, directivo de la UNAD, declaró a Servimedia que el Gobierno debería estudiar la modificación del Código Penal y legislar de manera explícita que esos supuestos no son objeto de condena.

"Es una sentencia que va en la dirección que nosotros mantenemos desde hace mucho tiempo de que hay que perseguir, sobre todo, el tráfico a gran escala, y no al pequeño consumidor o al que se le sorprenden pequeñas dosis", afrmó Martín.

Entre los casos que el Alto Tribunal ha señalado que no deben considerarse como delito contra la salud pública figura el suministro de droga a una persona allegada para aliviar de inmediato un síndrome de abstinencia. También menciona los casos de convivencia entre varias personas ya drogadictas en que alguno de ellos proporciona droga a otro, produciéndose también consumo compartido.

La UNAD cree que sería aconsejable que el Gobierno discutiera con las asociaciones y expertos la convniencia de introducir estos supuestos en la legislación. El artículo 368 del Código Penal establece las sanciones y penas para "los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas".

Tras hacerse pública la sentencia, el portavoz de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Javier Hernández, expresó hoy a esta agencia el "respeto" del Ejecutivo por todas las sentencias judiciales.

Hernánez dijo que el Ejecutivo se reafirma en su tesis de que "mientras el consumidor es un enfermo y debe recibir la ayuda de las autoridades públicas, el peso de la ley debe caer sobre el que se lucra a costa de la salud de los demás".