Aviñó declaró a Servimedia que, con esta medida, "estamos hablando de reducir una cuarta parte de los traductores españoles", lo que significa, "no sólo eliminar 25 puestos de trabajo", sino, sobre todo, "eliminar la influencia y el peso específico del español en la UE".

En su opinión, si la medida obedece a intereses políticos, y no a criterios lingüísticos o culturales, "lo que se está haciendo es una discriminación o un perjuicio sin ninguna base y en contra de los criterios establecidos para decidir el número de recursos humanos que hacen falta para afrontar la cuestión de la traducción de la UE".

También aludió a Malta, que dispondrá de 60 traductores, es decir, sólo siete menos que España, cuando el maltés sólo la hablan, según datos de la UE, 400.000 personas. A su juicio, este hecho es "un síntoma que refleja que la reducción, en el caso de España, no obedece a una caída en la demanda, sino que tiene que ver con intereses políticos o pretensiones de querer destacar otras lenguas por encima de la lengua española".

Discrepó con el director general de Traducción de la UE, Karl-Joan Lonnroth, para quien lo que hay que tener en cuenta es que el castellano sólo lo tienen como lengua materna 30 millones de las 44 millones de personas que viven en España.

En su opinión, "no vivimos en una UE aislada, sino en un mundo globalizado", por lo que es preciso tener en cuenta a toda la comunidad hispanohablante, esto es, más de 400 millones de personas, en su mayoría de América Latina, "dónde la UE tiene enormes intereses".

A su juicio, la entrada de nuevos socios en la Unión Europea puede estar relacionada con esta reducción de traductores españoles, pero no la mayor presencia comunitaria del catalán, vasco, y gallego. "Esto es una cuestion secundaria y puede causar problemas pero a nivel nacional", indicó.

Por último, señaló que, hasta el momento, ninguno de los traductores que podía verse afectado por esta decisión de la UE se ha dirigido a la asociación que preside en busca de apoyo. Sin embargo, añadió que "estaríamos dispuestos a tomar cartas en el asunto" porque "nuestra función es defender la traduccion y la interpretación y la actuación legítima del traductor, así como la de promover la lengua española".