Esta asociación, cuya querella posibilitó la investigación iniciada por Garzón sobre los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura de Franco, anunció su intención de recurrir la decisión de la Sala de lo Penal a pesar de que lo acordado hoy, según lo estipulado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no admite recurso alguno, ni siquiera ante el Tribunal Supremo.

La asociación considera que, como ya ocurrió en la reunión del pasado 7 de noviembre, en la que se paralizaron las exhumaciones de fosas, la Sala de lo Penal "se ha saltado los principios básicos del procedimiento judicial, como son el notificar a las partes la decisión que se va a tomar y escuchar a los demandantes".

Por lo tanto, consideran que los magistrados de la Sala de lo Penal han generado una "indefensión" ante "una decisión de tal trascendencia".

Ante esta indefensión, la asociación asegura que llevará a cabo "todas las actuaciones que procedan en Derecho para restablecer la normalidad y las garantías de un proceso del que las partes demandantes han estado apartadas siendo elemento fundamental del procedimiento".