En la actualidad, el Ministerio de Defensa se opone a desarollar este derecho constitucional en las Fuerzas Armadas en función de lo que determina la Ley de Reales Ordenanzas, que prohíbe taxativamente el asociacionismo reivindicativo por parte de militares en activo.

En una carta personal dirigida al monarca, en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente de la AME, coronel José Conde Monge, señala que "no es de recibo que vuestros militares entren en el siglo XXI sin serles aún permitido el derecho fundamental de asociación que la Contitución les reconoce".

En este sentido, agrega, "no se trata de modificar la Constitución, sino de cumplirla. Por y para ello me atrevo a solicitaros vuestra real mediación".

La AME recuerda al Rey la insuficiencia de los recién creados Consejos Asesores de Personal, en su objetivo de "analizar y valorar las propuestas y sugerencias planteadas por los militares profesionales referidas al régimen de personal y a la condición de militar".

Precisamente, estos órganos fueron constituidos hace uos meses por el Ministerio de Defensa en respuesta a las reiteradas demandas que sobre el particular había realizado la AME y el posterior debate parlamentario generado a propósito de esta cuestión, que abanderó Coalición Canaria.

REGULACION

Las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, en las que se fundamenta la negativa de Defensa a conceder el derecho de asociación de los militares en activo, fueron aprobadas en 1978.

En su primer artículo se indica que tales normas constituyen "la regla moal de la institución militar y el marco que define las obligaciones y derechos de sus miembros". Agrega que "tiene por objeto preferente exigir y fomentar el exacto cumplimiento del deber, inspirado en el amor a la patria y en el honor, disciplina y valor".

La AME se ha prodigado, desde 1989, por defender los intereses de los propietarios e inquilinos de viviendas militares, en los distintos litigios que mantienen con el Ministerio de Defensa en los últimos años.

Fue en el mes de mayo de 1998 cuado hicieron pública, al tiempo que impulsaron, su reivindicación de que fuera reconocido el derecho de asociación en el seno de los tres ejércitos, siguiendo el ejemplo de otros ejércitos del ámbito OTAN, como Alemania.

El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria se hizo eco de sus peticiones y elevó al Parlamento distintas propuestas vinculadas a la situación de los militares, que, no obstante, fueron finalmente rechazadas.

Así ocurrió con la llamada "enmienda Mardones" -por el nombre de su promtor, el diputado canario Luis Mardones- al proyecto de Ley de Régimen Disciplinario durante su fase de tramitación parlamentaria, en la que se pedía la derogación de la normativa que en las Reales Ordenanzas penaliza la pertenencia de los militares en activo a una asociación.

La legislación militar establece que sólo pueden pertenecer a asociaciones vinculadas a las Fuerzas Armadas los militares que hayan abandonado las mismas, es decir, que estén en situación de reserva y retirados.