En su misiva, la AF explica que “ante las manifestaciones realizadas en los medios de comunicación que pone en duda la actuación independiente y profesional de las asociaciones de jueces y fiscales, acusándolas de estar politizadas y no respetando el trabajo que en ellas se realiza, la Asociación de Fiscales considera que se ha roto el marco idóneo y necesario para continuar los trabajos asociativos conjuntos para la elaboración de un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y, en consecuencia, acuerda levantarse de la mesa constituida al efecto por V.E.”.

García Ortiz hizo esas manifestaciones pocas horas antes de que Tribunal Supremo anulara el nombramiento de Dolores Delgado como máxima responsable de la Fiscalía de Memoria Democrática, al resolver un recurso de la Asociación de Fiscales y por la Asociación Profesional de Independiente de Fiscales (APIF).

El fiscal general descartó que jueces y fiscales “estén combinados” con los partidos políticos de la oposición en el ejercicio de sus funciones, pero sí dijo que “entre elementos corporativos dentro de las asociaciones judiciales y fiscales hay objetivos idénticos que los que tienen determinados partidos políticos”.

La consecuencia inmediata de esta ruptura es el abandono de la AF del grupo de trabajo creado por el fiscal general para estudiar la reforma del Estatuto Fiscal que va de la mano de la planeada reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que entrega la instrucción penal a los fiscales, y la sustrae de manos de los jueces.

La AF toma esta decisión siguiendo la estela de lo acordado en ese mismo sentido por la APIF. Sin estas dos asociaciones en la mesa de estudio del nuevo Estatuto, García Ortiz sólo podrá analizar la propuesta con la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que es la segunda en representatividad en la Carrera y de la que han salido buena parte de los nombramientos realizador por el fiscal general.