A tan sólo 24 horas de la reunión convocada por García Ortiz con las asociaciones de la carrera para hablar del Estatuto fiscal, la asociación mayoritaria ha difundido un comunicado en el que informa sobre la elaboración de dicho informe y acusan al fiscal general de ocultarles que la Mesa del Senado ha solicitado el pronunciamiento del Consejo Fiscal sobre la ley.

En una nota de prensa, la AF asegura que la semana pasada tuvieron conocimiento “por los medios de comunicación de que el 27 de marzo de 2024 la Mesa del Senado aprobó y dirigió al fiscal general del Estado una nueva petición para que el Consejo Fiscal elaborase y remitiese al Senado un informe sobre la proposición de Ley Orgánica”.

En su escrito piden que se tenga por reiterada su petición de dar curso a la reclamación de la Mesa del Senado y se solicita que se incluya un punto en el orden del día del Consejo Fiscal del próximo 25 de abril “que tenga por objeto el debate y aprobación del informe solicitado”.

La AF sostiene que el Consejo Fiscal es competente para emitir informes sobre una proposición de ley. En principio sólo es obligatorio informar sobre proyectos de ley, es decir los textos que emanen del Gobierno; pero no sobre las proposiciones de ley, que presentan los grupos parlamentarios, como es el caso. A su entender, este criterio general no debe ser un impedimento para informar sobre el texto legal, máxime cuando hay una petición expresa del Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta.

En esa línea, la Asociación de Fiscales ha remitido a García Ortiz un “borrador de Informe sobre la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña” con la petición de que entregue al vocal designado como ponente, para que se debata y se vote.

Ese borrador asegura que la ley de amnistía rompe el principio de separación de poderes, vulnera la igualdad ante la Ley, y pone en entredicho la seguridad jurídica, abriendo camino hacia la arbitrariedad de los poderes públicos. Llega a decir incluso que “la amnistía implica una intromisión ilegítima e inconstitucional del Poder Legislativo en el conjunto de atribuciones propio y exclusivo del Poder Judicial”.