La AEF afirma en un comunicado que, pese a que la reciente normativa (enero de este año) sobre cesión de créditos de empresa en los contratos de factoring excluía la aplicación de esta normativa a aquellos casos en los que los deudoes fueran organismos de las diferentes administraciones públicas, con la intención de que posteriormente fueran incluidos en la referida ley de reforma, la asociación ha podido constatar que en la tramitación de esta ley, tanto en el Congreso como en el Senado, no se ha corregido propuesta alguna en tal sentido.

La asociación afirma que este hecho tiene singular importancia si se tiene en cuenta que son muchas las pymes suministradoras de productos y servicios a las administraciones públicas, que encuntran en el factoring la fuente de financiación más adecuada a los dilatados plazos de pago de dichas administraciones.

Por otra parte, la repercusión de esta limitación a movilizar los créditos a cargo de las administraciones públicas repercute negativamente en la creación de puestos de trabajo, ya que las pymes son las empresas que mayor número de empleos generan, afirma la AEF.