En la carta, fechada el 11 de junio, Bandrés señala que "la lucha contra el terrorismo no puede llevarse a cabo a costa del derecho de asilo y tiene sus propios cauces jurídicos, a través de los Convenios de Extradición, y de la misma Convención de Ginebra, que excluye del estatuto y de la protección a cualquier persona implicada en tales crímenes".

Bandrés recuerda que la Comiión Española de Ayuda al Refugiado es una organización fundada en 1979 para defender el derecho de asilo y proorcionar asistencia a los solicitantes de asilo y refugio en España, y que forma parte del Consejo Europeo para los Refugiados y Exiliados (ECRE), que agrupa a 50 organizaciones europeas.

La carta señala que el ECRE se opone a la incorporación de la propuesta española "por cuanto que significaría la privación de un derecho humano fundamental a los ciudadanos de la Unión Europea y supondría unaviolación directa de las obligaciones internacionales asumidas por los quince estados miembros como signatarios de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados".

A juicio de Bandrés, "corresponde a cada estado, y no a la Unión Europea, que no se ha constituido aún en una entidad política original ni en una ciudadanía, determinar el estatuto de refugiado de cualquier solicitante, y además debe hacerlo de forma individual y personal, como se dispone y se desprende del artículo 1 e la Convención de Ginebra".

Bandrés concluye la misiva a Aznar señalando que la CEAR confía en que "tome en consideración las observaciones manifestadas en este escrito, a la espera de la aprobación de un nuevo Tratado en el que se vea reforzado el principio y la práctica del asilo como un aspecto clave de la política europea sobre los derechos humanos".