Anguita considera que éste es un derecho fundamental, tal y como defiende Amnistía Internacional, y que, por tanto, no puede ser eliminado sin ocasionar un menoscabo de las garantías jurídicas de los ciudadanos comunitarios.

"Saludo el fracaso del Gobierno en esta propuesta y me parecen batante bien las precauciones adoptadas por la UE en este sentido. La eliminación de este derecho puede ocasionar abusos en el futuro a los que no hay que dar oportunidades", aseguró.