El presidente de la Aedaf, Eduardo Luque, explicó a Servimedia que desde que los populares llegaron al Gobierno, Hacienda trata de evitar la crispación que existía antes con los contribuyentes, "y el Estatuto va en esa vía". Preguntado sobre si esta medida no podría perseguir un efecto propagandístico, respondió: "Bien es verdad que hay artículos que son obvios, pero también hay aclaraciones que son oportunas".

En referencia a los aspectos mejorables Luque señaló que no es suficiente con reducir a una instancia el paso por los tribunales económico-administrativos (ahora hay que pasar por dos antes de acceder a los tribunales ordinarios) de los contribuyentes que entablen recursos contra Hacienda.

Abogó por que sigan existiendo esas instancias, pero opinó que sería mejor que no fuera obligatorio pasar por ellos, para que los demandantes que así lo desean puedan ir directamente a la justicia ordinaria. "Los tribunales económico-administrativos retrsan el acceso al juez natural y en muchos casos no son imparciales, porque al fin y al cabo son tribunales dentro del propio Ministerio de Hacienda", opinó.

La Aedaf pretende además que se concrete mejor la limitación temporal de los procesos de inspección, que el Estatuto acota en un año como máximo salvo en procesos de especial complejidad. Su presidente aseguró que "hay que evitar que las inspecciones se eternicen, y la ley tiene demasiada manga ancha en este punto".

Eduardo Luque también quis matizar que la decisión de la Agencia Tributaria en lo que se refiere a igualar el pago de los intereses de demora en la banda alta actualmente existente no es desinteresada. "Hacienda ha hecho números y le interesa el tipo más alto, porque son más numerosos los casos en los que ciudadanos están en demora que sus retrasos a la hora de efectuar devoluciones", dijo.

Actualmente, Hacienda aplica el tipo de interés legal (fijado en el 7,5% este año) en los intereses de demora que debe abonar a los contriuyentes, pero les exige a éstos el pago de intereses dos puntos más alto que ese tipo oficial cuando son los ciudadanos los que se han retrasado.