En rueda de prensa, García Pedrosa dijo que están estudiando la posibilidad de ejercer acciones legales ante el Tribunal de Defensa de la Competencia por los daños que les están causando estas prácticas en el ejercicio de su profesión.

Para la asociación, la Agencia Tributaria ha permitido que grandes superficies y bancos realicen las declaraciones sin tener ningún tipo de seguro de responsabilidad civil por si cometen errores n su ejecución y sin contar con profesionales cualificados para realizar esta labor, con el riesgo que esto supone para los ciudadanos.

García Pedrosa afirmó que las entidades bancarias contratan a personal para realizar las declaraciones tras un curso de una semana que no les prepara para asesorar correctamente al ciudadano, además de "atar a sus clientes a sus designios estratégicos comerciales".

PROGRAMA PADRE

Por otra parte, aseguró que la tramitación de las declaraciones a través del progrma PADRE de Hacienda está gravando de forma preocupante el erario público, porque cada declaración viene a costarle al Estado unas 20.000 pesetas, cuando antes estos trámites los pagaban los ciudadanos a sus asesores fiscales.

Agregó que si la intención de la Administración es hacer posible que los ciudadanos menos favorecidos no paguen estas minutas, su asociación estaría dispuesta a elaborar turnos de oficio para atender a estos contribuyentes, eximiendo al Estado del gasto que ocasionan.

Garcí Pedrosa dijo que los profesionales de su sector han perdido un 40 por ciento de las declaraciones que elaboraban antes de la entrada de la ley, con lo que pueden peligrar los 9.000 empleos directos que este colectivo supone en la actualidad.

La presidenta de los asesores fiscales concluyó que los profesionales a los que representa pagan Impuesto de Sociedades, IVA e IRPF, y se gastan dinero en la formación de personal y adaptación de sus sistemas informáticos a lo que pide la Administración, mientrasésta permite la competencia desleal.

Según los datos la Asociación de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales de la Comunidad de Madrid, una declaración de la renta simplificada debe costar, dependiendo del lugar de tramitación, entre 6.000 y 10.000 pesetas, y una ordinaria, dependiendo de su complejidad, entre 20.000 y 30.000 pesetas, siempre que la realicen profesionales.