La organización denunció “el desmantelamiento de la base del sistema sanitario público, especialmente del centro de salud Abrantes, que tiene ahora la mitad de los médicos de familia que antes de la pandemia, con nueve médicos y dos pediatras”.

“Esta insoportable situación es consecuencia de las irresponsables políticas del Gobierno de la Comunidad, que se resumen en una mezcla de privatización y racanería en la inversión en recursos humanos y materiales. Madrid es la Comunidad que menos dinero destina por habitante a la Sanidad Pública, un 30% menos que la media de las comunidades autónomas”, añadió.

Por otro lado, la Asamblea de Carabanchel criticó que el aumento de ingresos de la sanidad privada, “un entramado de la colaboración público-privada que he llevado a su vez a la insoportable corrupción”. Por ello, defendió que "la defensa del derecho a la salud no debe decaer".