Así lo anunció hoy el presidente de Asaja, Pedro Barato, quien amenazó con movilizaciones más contundentes si el Gobierno no responde a sus demandas. Dichas acciones podrían afectar a la operación salida del próximo verano.

Los motivos que llevan a los miembros de Asaja a tomar de nuevo la calle son el encarecimiento del gasóleoy los fertilizantes, la desaparición de la tarifa eléctrica de riego el 1 de julio, la crisis ganadera y el desequilibrio entre los precios agrícolas y los que pagan los consumidores en los supermercados.

Según explicó Barato, el gasóleo se ha encarecido un 60% en lo que va de año y los fertilizantes más de un 90% en los últimos 12 meses. Estos incrementos representan una subida de los costes para agricultores y ganaderos cercanas al 40% con respecto al pasado año.

"Somos el único sector que no puede repercutir losprecios", denunció Barato quien indicó que "estamos obligados a recibir y pagar lo que nos dicen tanto cuando compramos como cuando vendemos y por ello necesitamos medidas distintas a otros sectores".

Por ello, Asaja demanda una ley de comercio que garantice que no se pueda pagar a los agricultores y ganaderos un producto agrario por debajo de los costes de producción. Solicitan también el doble etiquetado de los productos para que reflejen su precio en origen.

En cuanto al carburante, piden una rebaja del 16% al 7% del IVA y del impuesto de hidrocarburos, que según Asaja es cuatro veces más caro en España que en Francia. Además, exigen mayores deducciones fiscales por el gasóleo, los fertilizantes y los plásticos.

Además, piden una nueva moratoria para la desaparición de la tarifa eléctrica de riego, que tras una moratoria de un año está previsto que desaparezca el próximo 1 de julio.

"Necesitamos otra moratoria por el tiempo suficiente para que podamos adecuarnos a la nueva normativa" prosiguió Barato quien recordó que es algo que sí permite la Unión Europea.

Por otro lado, demandan medidas específicas para el sector ganadero que sufre una crisis especialmente profunda. Concretamente solicitan el desacoplamiento total de las ayudas (que no estén vinculadas a seguir en el sector) y que se equipare la devolución del IVA ganadero al agrícola, pasando del 7,5% al 9%.

"El Gobierno no puede seguir pensando en el hambre en el mundo y mirar para otro lado mientras el sector agrícola y ganadero español no aguanta más", concluyó.