Presentada por el PP, la iniciativa cosechó 171 votos a favor, 89 abstenciones y ningún voto en contra. De este modo, podrá comenzar su tramitación en la Cámara Alta, desde donde deberá pasar al Congreso.

El texto pide modificar el artículo 4.2 del decreto legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la normativa sobre discapacidad, en línea con la propuesta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). De hecho, varios dirigentes de esta organización asistieron desde la tribuna del Senado al debate sobre la toma en consideración.

CONSENSO

En su exposición de motivos, el senador del PP Bienvenido de Arriba apeló al “consenso” y pidió a los grupos su respaldo unánime a esta iniciativa, que “busca hacer más fácil la vida para las personas en situación de dependencia”.

A su juicio, “la persona con discapacidad no tiene por qué ser considerada dependiente, pero es claro que una persona reconocida con un grado de dependencia sí tiene una discapacidad”. “La valoración de la discapacidad y de la dependencia obedecen a baremos y criterios distintos, fruto de su diferente desarrollo y del momento de su aprobación”, explicó.

”Lo que buscamos es mejorar la calidad de vida de las personas en situación de dependencia”, prosiguió, que “dispondrían así de esta vía paralela para ser reconocidas como personas con discapacidad sin tener que acudir a un reconocimiento aparte, dependiente de un organismo diferente”.

En su opinión, ello les evitaría “tener que duplicar un proceso arduo, de entrevistas, valoraciones y exámenes”. Permitiría además “reducir trámites burocráticos, carga de trabajo (para las administraciones) y, por tanto, las listas de espera”, recalcó.

LA PROPOSICIÓN

El senador aclaró que, de acuerdo con el derecho positivo, una persona a la que se le haya reconocido una discapacidad no es automáticamente definible como "persona en situación de dependencia".

Sin embargo, “no hay ninguna duda de que una persona que se encuentre en situación de dependencia es reconocible como persona con discapacidad, al menos en el 33%, que es el grado mínimo”, agrega la propuesta de ley.

“Cuestión diferente es si la persona con dependencia desea que se le califique en un grado de discapacidad superior”, prosigue, lo que “habrá de seguir haciendo el organismo competente en función del baremo específico existente".

Según De Arriba, "asimilar al grado mínimo de discapacidad a las personas que hayan sido valoradas como en situación de dependencia, en cualquiera de sus grados”, es “una decisión suficientemente motivada, razonable y justa”.

Agregó que “esta asimilación ya se reconoce, a todos los efectos, a los pensionistas de la Seguridad Social que tengan acreditada una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad”, precisa la propuesta de ley.

Esta equiparación se recoge en el artículo 4.2 del citado Real Decreto Legislativo 1/2013, que la proposición pide modificar para incluir también a las personas en situación de dependencia.

La proposición subraya también que la asimilación propuesta "no significa en modo alguno una extensión o ampliación indiscriminada de beneficios o incentivos, pues la propia norma de asimilación, hoy aplicable a pensionistas de invalidez, limita su efecto al grado mínimo de discapacidad (33%) y remite a las normas que regulen los beneficios o medidas de acción positiva la determinación de los requisitos específicos para acceder a ellos".

DEBATE

Todos los portavoces parlamentarios que intervinieron en el debate expresaron su apoyo a la toma en consideración de esta propuesta de ley, salvo el representante del PSOE, Víctor González. De hecho, la proposición cuenta con un informe de disconformidad por parte del Gobierno.

Para el senador de Vox Fernando Carbonell, se trata de una iniciativa “justa y necesaria, aunque será difícil de aplicar”, ya que “la gestión autonómica del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) implica que existen 17 modelos”.

Enric Morera, de Izquierda Confederal, valoró que la propuesta “es buena en su conjunto”, aunque lamentó que el PP se opusiera a una petición parecida cuando tenía responsabilidades de gobierno.

Nerea Aedo (PNV), y Josep LluisCleries (Junts Per catalunya) mostraron su apoyo a la iniciativa, si bien criticaron la infrafinanciación del SAAD, que dificulta la aplicación real de la Ley de Dependencia. A su juicio, la propuesta además “se queda corta” en lo referido a el reconocimiento de las pensiones por incapacidad.

La senadora María Carmen Da Silva, del BNG, destacó que esta iniciativa recoge “la propuesta de Cermi”, cuyo equipo técnico ya trabaja con un grupo del imserso para hacer posible este reconocimiento. En su opinión, “incrementar derechos de las personas hace siempre una sociedad más justa”. “Es obvio que esta ley tendrá un impacto presupuestario”, admitió, pero como “uno de los pilares de este Gobierno es la justicia social y la igualdad, entendemos que será sensible a esta demanda”.

Por su parte, Héctor Sánchez (ERC) destacó las “dudas” que la propuesta le suscita en lo referido al reparto competencial con las comunidades autónomas y a la obligación de la financiación estatal, aunque consideró que la propuesta es “positiva” y debe ser tramitada.

CRÍTICAS DEL PSOE

La nota discordante la planteó el senador socialista, Víctor González, porque indicó que "no se puede hacer lo que (la proposición) pide”. “Estamos de acuerdo en el fondo, pero no en la forma”, y subrayó que “una sentencia del Tribunal Supremo ya anuló la equiparación automática de la incapacidad permanente con el 33% de discapacidad” que contemplaba el artículo 4.2 de la Ley General de Discapacidad.

En 2019, el Supremo estableció que esta redacción del artículo 4.2 “excedía las competencias de la norma” y, de hecho, fue la nueva Ley de Empleo donde se recogió la equiparación. Precisamente, esta proposición de Ley plantea modificar el mismo artículo 4.2, insistió el senador.

“No se puede hacer lo que ustedes piden”, dijo dirigiéndose al PP y, “o no lo saben, o fingen ignorarlo”. González afirmó que en 2012 el Partido Popular, estando en el Gobierno, sacó a decenas de miles de personas del SAAD, redujo la financiación en los niveles mínimo y concertado y acabó con las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales.

Por el contrario, señaló que el Gobierno de coalicicón ha conseguido revertir esos recortes y acusó al PP de “solo querer blanquearse” con la propuesta. “Han venido aquí a darse una capita de pintura”. En su respuesta, Bienvenido de Arriba echó en cara al PSOE las listas de espera que arrastra el sistema y lamentó que “siempre lo tengan que hacer tan difícil”.