En su intervención, Valdeón señaló que la necesidad de un recurso residencial comunitario que pueda dar servicio a las personas con enfermedad mental grave y prolongada sin hogar "es una necesidad social de primera magnitud en la región castellano leonesa".

En este sentido, añadió que la creación de este recurso, pionero en la Comunidad de Castilla y León, "constituye un primer paso para poder dar cobertura de alojamiento a un colectivo que actualmente no puede acceder al mismo".

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades resaltó la importancia de la futura ley de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia de Castilla y León y avanzó que, en estos momentos, la Junta de Castilla y León trabaja en la creación de dos residencias más, que estarán ubicadas en Ávila y Burgos.

Este centro, según el director gerente de la Fundación INTRAS, Pablo Gómez, es un proyecto desarrollado por la Fundación INTRAS, en coordinación con la Junta de Castilla y León, que pretende dar un servicio de alojamiento comunitario con los apoyos individualizados que precise cada persona, evitando en la medida de lo posible la institucionalización, servir de alternativa al alojamiento familiar y favoreciendo el mantenimiento de los lazos sociales y familiares previos.

NORMALIZACIÓN

Además resaltó que, el funcionamiento de este centro, con una capacidad de 40 plazas, se enmarca en un entorno familiar lo más normalizado posible, promoviendo la participación de los usuarios en las tareas domésticas diarias y en la organización interna de la residencia.

El nuevo centro está cofinanciada por el Ministerio de Hacienda y la Comisión Europea a través de su programa Interreg IIIA y Obra Social Caja Madrid.

Por su parte, el alcalde de Toro, Jesús Andrés Sedano, destacó que "el proyecto es pionero en la comunidad y va a suponer además una fuente de riqueza en algunos ámbitos de la economía local". "Todos", subrayó "debemos aportar lo que podamos, adaptarnos y encajar nuevos conceptos sobre lo que es la enfermedad mental".

El secretario del patronato de la Fundación INTRAS, Justino Gómez, dijo que la existencia de una residencia para personas con discapacidad por enfermedad mental grave y prolongada "permitirá consolidar los logros conseguidos para este colectivo en sectores como la rehabilitación psicosocial y laboral, así como en el empleo protegido y ordinario, logros que pueden verse afectados si la necesidad básica de alojamiento y manutención no está resuelto."

Hasta la fecha, Castilla y León no tiene ninguna plaza en residencia de las 250 necesarias, según los diferentes estudios ingleses que indican que el número óptimo de plazas residenciales en cada área sanitaria debería ser 10 plazas por 100.000 habitantes.