En el arranque de la reunión, convocada para las 19.00 horas, asistían 15 vocales de los que 14 lo hicieron de forma presencial, mientras que la vocal Pilar Sepúlveda pretendía seguir la reunión de manera telemática, por lo que es muy probable que la declaración propuesta salga adelante.

Esta iniciativa, que se toma incluso antes de conocer el contenido concreto de esa ley, ha provocado un nuevo enfrentamiento entre conservadores y progresistas e incluso ha llegado a fracturar el bloque conservador. A esto hay que añadir la circunstancia de que el CGPJ tiene su mandato caducado desde hace casi cinco años.

El vocal progresista Álvaro Cuesta solicitó que se desconvocara el pleno por entender que el objeto de debate es “manifiestamente ilegal”, por lo que anunció que no pensaba asistir para no contribuir “a la indignidad y al desprestigio de que vocales elegidos por las Cortes españolas en el año 2013 puedan ser tenidos por sublevados contra iniciativas del Parlamento legítimamente elegido el 23 de julio del año 2023”.

Los proponentes quieren someter a votación un texto que indica que una eventual ley de amnistía sería una auténtica “medida de abolición del Estado de derecho” que “violenta la Constitución” y convierte a la justicia en “una quimera”.