Esta asociación es contraria a que en los casos de desaparición durante la Guerra Civil y la dictadura se aplique la Ley de Amnistía, según la cual los delitos con "intencionalidad política", fuese cual fuese su resultado, han prescrito.

Silva explicó, en declaraciones a Servimedia, que esta ley es anterior a la Constitución Española de 1978 y aclaró que la propia Carta Magna se "vacuna de otras posibles leyes anteriores que vayan contra ella y en este sentido la Ley de Amnistía atenta contra el espíritu y la letra de la Constitución".

Además, el portavoz de esta asociación defendió también la tesis de Garzón que justifica la investigación judicial de estos casos sobre el hecho de que estos delitos no pueden haber prescrito ya que continúan en el tiempo al no haberse encontrado los cuerpos de los desaparecidos.

En este sentido, Silva aseguró que "no se trata de una tesis de ningún juez, sino de un hecho" ya que "en España mañana, pasado y el año que viene habrá miles de desaparecidos y miles de familias que según el derecho humanitario internacional están siendo torturadas porque los asesinos no confiesan donde escondieron los cadáveres".

Además, Emilio Silva tachó los "argumentos" de la Fiscalía de "contradictorios" ya que sostiene que debido a la Ley de Amnistía estos delitos no se pueden juzgar y a la vez mantiene que estos, si se juzgasen, se tendría que hacer en tribunales territoriales.

Silva aseguró que "la Fiscalía debería estar de parte de las víctimas", lamentó que no fuese así y manifestó su esperanza de que la "petición de archivo" de estos casos por parte de la acusación pública no se lleve adelante.