Una vez que el fiscal del caso, Pedro Rubira, ha solicitado al juez Baltasar Garzón que archivetodo el sumario sobre la desaparición de españoles en Argentina, se entra en una etapa de alegaciones que podría alargarse más de seis meses.

El juez Baltasar Garzón decidió abrir un sumario para investigar los crímenes de la dictadura argentina, en contra de la opinión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que dirige Eduardo Fungairiño y también de la Fiscalía General del Estado, de la que se encarga Jesús Cardenal.

La fiscalía envió a Garzón hasta seis comunicaciones dudando de la "capacidady competencia" del juez para juzgar los hechos referidos. El juez pidió entonces a la fiscalía que, si pretendía seguir en esta línea le remitiera una "cuestión de competencia" global sobre todo el sumario, como así hizo el fiscal del caso, Pedro Rubira, unos días más tarde.

LARGO PROCESO

Comienza ahora un largo proceso: primero el juez tiene que dar traslado a todas las partes personadas en el sumario y abrir un turno para que éstas hagan sus alegaciones a la solicitud del ministerio fiscal.

Ete intervalo del procedimiento podría ocupar al menos un par de meses, puesto que las partes serán llamadas de una en una para que hagan sus aportaciones.

Por su parte, el juez previsiblemente defenderá su competencia, como ya hizo en un auto de 28 de junio de 1996. Pero contra su decisión cabe recurso de reforma, que el propio juez tendría que resolver.

Finalmente cabría recurso de apelación ante la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, cuya decisión tardaría al menos otro mes. No obstante, sta sección podría anticipar las líneas de su decisión si, antes de decidir sobre la competencia global, decide sobre la prisión del ex capitán argentino arrepentido, Adolgo Scilingo.