Arenas, que compareció en la comisión de Interior y de Administraciones Públicas del Senado, manifestó su intención de reunirse en breve con los alcaldes de las principales ciudades españoles para tratar esta cuestión, aunque ya lo ha hecho por teléfono con José María Alvarez del Manzano y Joan Clos.

El ministro de Administraciones Públicas apostó por una Ley de Grandes Ciudades que aborde cuestiones "proritarias" para los principales municipios, como la "organización del régimen local, el régimen financiero, la seguridad ciudadana y el tráfico".

Arenas afirmó que, si antes del final de la legislatura logra un "consenso mínimo" con las partes implicadas, remitirá al Congreso y al Senado un proyecto de ley que regule la administración de las grandes ciudades.

Este proyecto también incluiría a otras grandes ciudades, aunque no mencionó cuáles -con excepción de Sevilla-, si bien advirtió de que habá que tener en cuenta el reconocimiento de capitalidad que tiene Madrid y la carta municipal de la que dispone Barcelona.

MODERACION SALARIAL

Arenas apostó por la "moderación salarial" entre los funcionarios públicos y por seguir manteniendo reuniones con los sindicatos para llegar a un acuerdo.

Aunque fue preguntado sobre esta cuestión por los diputados Manuel Cámara, de Izquierda Unida, y Juan Barranco, del Partido Socialista, evitó dar más detalles sobre esta cuestión por la necesidad de "meir las palabras y los tiempos" para facilitar un consenso.

En la exposición de objetivos que pretende alcanzar al frente del Ministerio de Administraciones Públicas a lo largo de esta legislatura, Arenas mencionó también la "movilidad" de los funcionarios públicos para lograr una modernización de la administración.

Calificó de "imprescindible" esta cuestión si se quiere seguir avanzando en el desarrollo del Estado y en el traspaso de competencias a las autonomías y a los municipios, un punto totamente prioritaria para el Partido Popular.

Arenas explicó la necesidad de potenciar el intercambio de funcionarios entre las administraciones central, autonómica, local, e incluso europea, según se vaya llevando a cabo la trasferencia de competencias a las autonomías y la segunda descentralización en favor de los ayuntamientos.

Hasta el momento, 335.000 funcionarios han pasado de depender del Estado a hacerlo de las Comunidades hasta el punto de que, según dijo, sólo "uno de cada cuatro" funcionaios pertenecen actualmente al Estado.

El portavoz del Partido Socialista, Javier Rojo, criticó la "precariedad laboral" que existe entre los funcionarios públicos, a lo que el titular de Administracions Públicas respondió que la temporalidad se ha reducido del 35 al 30 por ciento gracias a la "consolidaración" en las plazas de interinos.

La administración electrónica y el portal del ciudadano son otras dos cuestiones puestas en marcha por su antecesor, Jesús Posada, y con las que el ministro dijosentirse plenamente identificado, por lo que tratará de mejorarlas.

COMUNIDADES AUTONOMAS

Arenas mostró su compromiso también con las Comunidades Autónomas y expresó su deseo de que exista una relación continua entre el Ministerio y los Gobiernos autonómicos para llegar a acuerdos.

A su juicio, las regiones españolas atraviesan actualmente la etapa de "mayor autogobierno" de la historia y apostó por avanzar en la "cooperación y la corresponsabilidad" de las autonomías con el Gobierno central. Tanto el Grupo Nacionalista Vasco como CiU dejaron clara su disconformidad con la visión del Ejecutivo central y acusaron a Arenas de hacer estas consideraciones "de cara a la galería" y desde un punto de vista "electoral".

Arenas se molestó por estas consideraciones de los dos partidos nacionalistas y les acusó en el turno de réplica de "negar la evidencia y negar la realidad". Sobre la Ley de Cooperación, otro motivo de crítica nacionalista, el ministro les emplazó a un debate cuando tenga en susmanos en dictamen del Senado y ensalzó el "consenso" con el que presumiblemente saldrá adelante.

PNV y CiU reivindicaron también al ministro la presencia de las autonomías en los órganos de representación de la Unión Europea, para lo que Arenas indicó que el mejor camino es a través del Comité de las Regiones y no mediante otras fórmulas, como las que existen en Bélgica y Alemania.

Arenas reiteró también su compromiso con las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla, a la que recientemente acudióen una visita oficial, en un momento en el que Marruecos está reivindicando su soberanía.

Otra cuestión importante para el ministro es la búsqueda de un consenso con todos los partidos políticos para evitar casos de transfuguismo que provoquen cambios repentinos en los gobiernos municipales a mitad de legislatura.

Los representantes de PSOE, IU, CiU y Entesa Catalana de Progués trasladaron a Arenas la necesidad de llevar a cabo una reforma de las funciones del Senado para optimizar sus trabajos y en palabras de Manuel Cámara, hacer política "en tiempo real".

El ministro rechazó totalmente esta posibilidad, aunque no descartó escuchar argumentos a favor y en contra, ya que considera oportuno el actual reglamento de la Cámara Alta y la responsabilidad que le atribuye la Constitución.

No obstante, apostó por una "reforma global" del Senado mediante el consenso de todas las formaciones políticas y siempre que no se toque la Carta Magna. A modo de reflexión, aseguró que hablar tanto de los prblemas de esta institución sólo contribuye a dañarla.

SEGURIDAD DE CONCEJALES

Por último, Arenas confió en que dentro de próximas semanas puedan aprobarse en el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo las medidas de protección para los concejales que PP y PSOE acordaron en el mes de junio.

La portavoz del PNV, Elena Etxegoyen, se congratuló por la puesta en marcha de esta iniciativa y expresó su solidaridad con los concejales y alcaldes del País Vasco que sufren el "yugo" del terrorismo

Por su parte, el senador de Izquierda Unida Manuel Cámara criticó este anunció y consideró que el hecho de que un ministro del Gobierno adelante en una comparecencia parlamentaria una próxima reunión del Pacto Antiterrorista deja muestra de su "mal estilo".