Esta reunión forma parte de la ronda que inició el pasado mes de diciembre conlos alcaldes de Madrid y Barcelona y de las otras cinco grandes ciudades que se verán afectadas por esta nueva normativa.

El de hoy ha sido un encuentro "satisfactorio" para el ministro porque ha revelado que todos los partidos coinciden en la necesidad de elaborar una normativa para las grandes ciudades que dé respuesta a problemas como el aumento de competencias, la seguridad ciudadana o la mejora de los servicios.

Está todavía en discusión que otros municipios de menor tamaño puedan verse afecados por la normativa de Grandes Ciudades y, en ese sentido, hoy se debatió sobre la conveniencia de atenerse a los criterios de capitalidad y de número de habitantes para definir exactamente qué corporaciones se beneficiarán de esta ley.

Tras esta reunión, la primera con el resto de partidos, el Gobierno mantiene su deseo de que la nueva Ley de Grandes Ciudades esté en vigor antes de la constitución de las corporaciones locales que surjan de las próximas elecciones del 25 de mayo.

Para ello, el onsejo de Ministros aprobará el anteproyecto de ley en una de sus primeras reuniones de febrero. Arenas se comprometió a volverse a reunir con los portavoces parlamentarios antes de que la aprobación por el Gobierno del texto para tratar de alcanzar un acuerdo de mínimos, basado en las propuestas que le hagan los partidos y en el proyecto del Ejecutivo.

En caso de que ese consenso no se alcance, el ministro mantendrá las vías de diálogo abiertas durante el trámite parlamentario, de manera que las refomas que se acuerden se puedan incorporar al texto por medio de enmiendas.

El proyecto de Ley de Grandes Ciudades está pendiente de un informe definitivo de la Comisión de Entes Locales del Senado, en la que han comparecido distintos expertos, responsables autonómicos y locales. Sus conclusiones serán remitidas después al Gobierno.

El texto que maneja el Ejecutivo prevé, entre otras medidas, la existencia de un gobierno local, un pleno a modo de parlamento municipal, que las corporaciones de las gandes ciudades admitan iniciativas populares, que haya vigilantes de tráfico no armados y que parte del presupuesto municipal sea necesariamenta destinado a los distritos.

Todos los alcaldes recibidos hata ahora por Arenas se han mostrado favorables a que la normativa sobre grandes ciudades no afecte sólo a Madrid y Barcelona, y defendieron que se extienda a otras ciudades de tamaño importante.

Arenas advirtió de que durante este proceso de debate nadie debe tener la tentación "negativa" de mezclr otros debates con el de la Ley de Grandes Ciudades y, en este sentido, rechazó que se incluyan en los contactos temas relativos a la reforma de la ley electoral, a la financiación de los entes locales y al segundo proceso de descentralización, que corresponde hacer a las comunidades autónomas.

El ministro aseguró que en esta norma sobre grandes ciudades también se deberá estudiar la inclusión del Estatuto de Capitalidad de Madrid y la Carta Municipal de Barcelona, procurando que en ningún caso suponan "agravio" alguno.

Queda pendiente de acuerdo determinar el número de habitantes a partir del cual una ciudad será considerada como grande y, en consecuencia, estará amparada por esta normativa. Por el momento, hay seis ciudades sobre las que no existen discusión (Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Zaragoza y Málaga).