Esta asociación subrayó en un comunicado que este traslado se llevó a cabo a pesar de los informes de impacto que alertaban sobre sus efectos negativos y deploró que se hayan incluido “criterios de evaluación mayoritariamente subjetivos, contraviniendo lo que estipula la Ley General de Subvenciones respecto a la objetividad y la transparencia”, lo que “ha dificultado que proyectos específicos como el Observatorio puedan acceder a los fondos necesarios para seguir funcionando”.

Arcópoli consideró que esta decisión “ha sido un grave error”, teniendo en cuenta el “contexto de incremento alarmante del odio hacia las personas lgtbi+, y con una administración que delega en las entidades sociales responsabilidades que debería asumir directamente”.

Ante esta situación, esta entidad ha puesto en marcha una campaña de ‘crowdfunding’ con el objetivo de “intentar suplir el déficit de financiación y garantizar que el Observatorio continúe con su labor”.

El Observatorio Madrileño contra la Lgtbifobia nació en 2016 y ofrece atención psicológica y jurídica a víctimas de delitos de odio, registra casos de discriminación y realiza una labor de sensibilización y prevención.