Por ello, se unió al manifiesto en el que la Comisión de la Dignidad pide al Ejecutivo que cumpla el acuerdo de retornar estos fondos a Cataluña alcanzado en Consejo de Ministros en 1995, y reconozca la titularidad de estos documentos a nombre de sus propietarios legítimos, o de lo contrario se suspenda la citada exposición en el Archivo de Salamanca.

Sobre este particular, CiU ya ha presentado una proposiciónno de ley en el Congreso de los Diputados para reiterar la petición al Gobierno de que devuelva los archivos expoliados, y una interpelación en el Senado para conocer si el Ejecutivo ha dado por "zanjada" esta cuestión.