La decisión se adopta tras cuatro meses de instrucción, en los que el magistrado Zaforteza investigó los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y malversación de fondos públicos que pudo cometer el Ejecutivo balear en 1991 al adquirir un inmueble situado en Palma de Mallorca.

Tras conocer la decisión del juez, Cañellas declaró a los medios informativos que"el momento es importante", pero eludió pronunciarse directamente sobre el archivo de la causa "porque sería impropio, indigno y falto de seriedad aplaudir las decisiones judiciales después de casi dos años sin haber opinado sobre las mismas".

En cualquier caso, Cañellas sigue implicado en otros dos escándalos investigados en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, el 'caso Túnel de Sóller', por el presunto cobro de comisiones por parte del Partido Popular balear en la adjudicación del citado pryecto, y el 'caso Calviá', referente al intento de soborno a un concejal socialista para propiciar una moción de censura y dar la alcaldía a la formación conservadora.

Cañellas señaló hoy al respecto que "seguiré colaborando con la justicia para esclarecer las denuncias o la mera oportunidad política de unas acusaciones vertidas contra mí, contra miembros del PP o el mismísimo partido". El ex mandatario autonómico aseguró "haber obrado correctamente, sin mala fe y sin contravenir, que yo sepa, norma jrídica o moral" en el ejercicio de su cargo público.

La acusación particular, que ejercen las formaciones políticas de Izquierda Unida y el Partido Nacionalista de Mallorca, se ha opuesto a la decisión del juez Zaforteza. El representante legal de IU, Jaime Bueno, argumentó, en declaraciones a los periodistas, que el magistrado ha realizado una instrucción "restrictiva", al haber decidido archivar la causa sin practicar todas las pruebas solicitadas.

El Gobierno balear adquirió la sede de la Consjería de Agricultura a la empresa Edisalam por 790 millones de pesetas. La acusación particular mantiene que hubo un "sobreprecio" no justificado de 200 millones de pesetas, que pudieron desviarse a otros fines.

En la operación intermediaron tres agentes, que cobraron una comisión. Entre los intermediarios se encontraba Andreu Roig, que entonces era socio de Cañellas en una empresa inmobiliaria.